La propuesta pretende revertir el daño, que a juicio del presidente, causó al sector la reforma de Enrique Peña Nieto.

La Cámara de Diputados recibió este viernes 26 de marzo, documento de la Secretaría de Gobernación (Segob) con la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, anunciada por el Presidente de la República.

Se prevé que los congresistas den entrada formal a los cambios en cuestión, hasta la sesión ordinaria del próximo miércoles 7 de abril, fecha en que terminan sus vacaciones de Semana Santa.

La propuesta indica que su objetivo es revertir el grave daño causado al sector energético nacional, con la reforma en esa materia, impulsada en 2013, durante el sexenio anterior.

El proyecto enviado a la Mesa Directiva de San Lázaro establece diversos supuestos para negar, suspender y cancelar permisos a quienes almacenan y vendan combustibles e incurran en conductas abusivas, lucro, contrabando, venta de energéticos robados y también, cuando exista peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.

En materia de almacenamiento mínimo de petrolíferos, indica que los permisos que se otorguen a PEMEX, a otras empresas productivas del Estado y particulares, estarán sujetos a que el interesado demuestre que cuenta con capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía (Sener), en cumplimiento de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos.

 Contempla establecer la “negativa ficta” en el trámite de permisos en el sector energético, para que, cuando no haya resolución expresa de la Secretaría de Energía (Sener) ni la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ante solicitudes de permisos, legalmente se entiendan como rechazados.

Plantea la revocación de permisos en casos de reincidencia en incumplimiento de normas en materia de hidrocarburos y petrolíferos, ello, para evitar “conductas abusivas” y de lucro por parte de quienes venden combustibles y en especial, combustibles robados.

Indica que se adoptarán medidas contra el contrabando de combustible, a través de la revocación de permisos a quienes se les compruebe ese ilícito. Argumenta que en noviembre de 2018, el robo de combustibles rondaba los 81 mil barriles diarios, y para abril de 2019, bajó 95 por ciento, al llegar a dos mil barriles diarios.

Pese al avance, persiste la problemática asociada con “los ilícitos que cometen los distribuidores de combustibles que despachan cantidades menores a las que los usuarios pagan, situación que representa un grave problema para la economía familiar”, dice textualmente.

Recalca que uno de sus propósitos es combatir el despacho de litros incompletos de combustibles en gasolineras y también, la venta de gas para consumo al menudeo, a través de cilindros que no cumplen las normas de calidad o bien, en el servicio de gas estacionario.

“Tiene como objeto fortalecer los procedimientos sancionadores y erradicar las conductas y hechos delictivos en materia de hidrocarburos que afecten la economía de las familias mexicanas, razón por la cual se considera pertinente robustecer el marco normativo para elevar las sanciones en caso de reincidencia”, agrega.

Por lo que habrá revocación de permisos de operación a los sujetos que reincidan en las siguientes conductas: incumplimiento de las disposiciones aplicables sobre cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos; y la modificación de las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.

La revocación del permiso se sumará a las sanciones monetarias que ya prevé la Ley de Hidrocarburos. Los empresarios del sector que incumplan las disposiciones legales vigentes, perderán sus permisos, y también se les revocarán los mismos, cuando alteren los instrumentos expendedores de combustibles.

En materia de contrabando de combustibles, que ha crecido a la par de la liberalización de la importación de hidrocarburos y petrolíferos, añade, se propone que Sener y la Comisión Reguladora de Energía revoquen los permisos cuando el titular cometa contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y la conducta haya sido determinada por resolución firme de la autoridad competente.

Asimismo, plantea la suspensión de permisos “por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

Apunta que es preciso garantizar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos a la población, así como salvaguardar los intereses y seguridad nacionales, ello, ante la falta de mecanismos para asegurar el acceso a la energía en casos excepcionales, no atribuibles a los permisionarios. En consecuencia, propone una mayor participación de Pemex y CFE en el tratamiento y refinación del petróleo, el procesamiento del gas natural, exportación e importación de petrolíferos; transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

“Se considera inadecuado dejar la protección de dichas actividades en manos del sector privado ante riesgos inminentes a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”, externa.

Sentencia que es indispensable establecer la suspensión de permisos otorgados por Sener y la CRE, para mantener la suficiencia energética del país.

Justifica la medida al señalar que la escasez, desabasto e interrupciones en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos son riesgos a la seguridad energética que podrían afectar gravemente la estabilidad del país, por lo que se busca reducir las “debilidades estructurales del sistema energético nacional” a fin de responder de mejor manera a impactos internacionales y al riesgo de desabasto en el suministro.

Insiste en que ante amenazas y riesgos a la seguridad energética que pudieran tener impacto en la agenda de seguridad nacional, es preciso que la Sener y la CRE, puedan suspender temporalmente los permisos expedidos y que estén en vigor, “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional energética o para la economía nacional”.

La autoridad que haya dado un permiso, podrá suspenderlo. Para ello, deberá exponer las razones para ello, y puntualizar la afectación que podría tener el país, de mantenerse en ejecución.

“La autoridad que lo haya emitido podrá hacerse cargo de la administración y operación del permisionario, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros.

Al efecto podrá utilizar al personal que el permisionario venía utilizando, contratar a un nuevo operador”, indica textualmente.

El permisionario suspendido temporalmente podrá solicitar se levante la medida, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron han sido atendidas o erradicadas o desaparecieron, siempre y cuando no haya actos ilícitos involucrados.

Manifiesta que existen elementos geopolíticos que podrían afectar la capacidad del Estado para garantizar su seguridad energética, la estabilidad de las finanzas públicas y la economía nacional.

Entre los argumentos para justificar la reforma, el Ejecutivo apunta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó en 18 meses, más de dos millones 117 mil litros de diésel, gasolinas y gas propano que entrarían de contrabando desde Estados Unidos, a través de aduanas.

Reconoce que se ha incrementado el “contrabando técnico” de combustibles, con la entrada al país de importaciones “subvaluadas”, para omitir el pago de cuotas compensatorias.

Apunta que en 2020, el Fisco perdió 12 mil millones de pesos en ingresos tributarios, debido al contrabando de combustibles registrado ese año, en una proporción de 40 mil barriles diarios.