Miscelánea, salud y política por Judith Álamo López

El show de la vida política nacional protagonizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador avanza hacia su desenlace, estamos a sólo 13 días del final de su sexenio, y el mandatario truena los dedos a los coordinadores de las mayorías morenistas y a los 24 gobernadores estatales del bloque oficialista para que le ofrenden una segunda reforma constitucional que le permita dejar militarizada la seguridad pública nacional y bajo el rubro de “seguridad nacional” esconder los multimillonarios recursos ejercidos y deudas pendientes por sus mega-obras inconclusas.

A estas alturas del sexenio ya sabemos que todo es posible, no importan los medios; ya lo demostraron sus esbirros que “negociaron” con dos senadores de oposición para asegurarse la mayoría calificada que les permitió aprobar la reforma al Poder Judicial Federal. Para que nada les impidiera cumplir con el capricho del líder estuvieron dispuestos hasta a ilegalmente reducir el número de diputados requeridos para aprobarla.

Nada se interpuso en la misión de los poderosos pastores guardianes de la autocracia: lograron la aprobación de la reforma presidencial “de la venganza”, convirtiendo el recinto provisional senatorial en un coliseo romano en el que la mayoría morenista ignoró los reclamos de desaprobación de los paristas y de una quebrantada y errática oposición.

Los congresos estatales morenistas, como el de Oaxaca, a partir de las 8 a.m. del día siguiente, 12 de septiembre, ya tenían aprobada la iniciativa. Así de dispuestos estuvieron los gobernantes oficialistas de rendirle pleitesía a su amado líder.

El Mesías Tropical, pragmático, justificó las negociaciones de Adán Augusto López, coordinador senatorial morenista, con los panistas Miguel Ángel Yunes Linares (padre-suplente) y Miguel Ángel Yunes Morales (hijo-propietario), quien a cambio del voto traidor les ofreció impunidad, según trascendió. AMLO sostuvo en la Mañanera que “Siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”.

¿Cuáles principios? Los que exhibieron son ajenos al Humanismo Mexicano, que dicen rigen el movimiento obradorista, nada los detuvo ni las justas demandas de los trabajadores, apoyados por organizaciones de profesionales del Derecho, incluidos ocho de los 11 ministros de la Corte, que alertan sobre la catástrofe que se avecina si la próxima presidenta electa, Claudia Sheimbaum Pardo, no revierte esta absurda elección de ministros, magistrados y jueces.

Hace 30 años el presidente Ernesto Zedillo promovió una reforma al Poder Judicial, se redujeron de 26 a 11 los ministros de la Suprema Corte; se jubiló anticipadamente a ministros y se seleccionó a nuevos juristas con experiencia; se creó el Consejo de la Judicatura, se modificaron 27 de los 136 artículos de la Constitución. Debido a que el PRI ya no tenía la mayoría, tuvo que concertarse con la oposición.

Hace unos días, Zedillo Ponce de León rompió su talante discreto para prender luces de alerta al sentenciar que con la aprobación de la reforma judicial de López Obrador se sentaron las bases para que México se convierta en una Tiranía, según la RAE, es el “Gobierno ejercido por un tirano. Abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el exmandatario señaló que cuando se tiene un partido oficial y se pretende manejar al poder judicial… “entonces no se tiene democracia”. En respuesta, López Obrador, se mofó de las expresiones del expresidente: “son de risa”, dijo y rehuyó dar una respuesta seria

. El ministro José Ramón Cossío precisó que la reforma de 1994 de Zedillo y la del 2024 de AMLO no tienen similitudes, ya que la de hace 30 años fue elaborada con cuidado y registró mejorías en la impartición de justicia; en cambio la de AMLO está plagada de irregularidades, se presionó a los legisladores opositores, no se escuchó a los trabajadores judiciales en los foros, se utilizó al pueblo como pretexto, etc., y carece de base moral de izquierda, puesto que “el fin justificó todos los medios para lograr una brutal concentración del poder”.

Pero viene otra iniciativa presidencial no menos dañina, se planea aprobarla la semana entrante, el dictamen será presentado este jueves 19 de septiembre en la Cámara de Diputados: es la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, decisión altamente cuestionada por los defensores de los derechos civiles y ciudadanos que consideran un grave error la militarización del país.

Si vemos las recientes declaraciones del comandante de la Tercera Región Militar de Sinaloa, Francisco Jesús Leana Ojeda,  respecto a que el fin de la violencia no depende ni del Ejército ni de las fuerzas de seguridad, sino de que los grupos rivales “dejen de confrontarse”, nos hace constatar que la solución a la inseguridad y a la violencia que vive México sin freno no está en sustituir a las “policías corruptas” por mandos militares, como pretende López Obrador, ni en sostener la estrategia fallida de “abrazos no balazos”.

El ministro Cossío señaló que hay una modificación más delicada que el traslado de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, y es la modificación del Artículo 129  constitucional, en donde se asienta “que en tiempos de paz los miembros de las fuerzas armadas no pueden realizar más actividades que las de estricta disciplina militar”, ahora se pretende sustituir  este concepto, para asignarles cualquier tipo de tarea, como administrar, barrer, en fin cualquiera que se les ordene y esto profundizará problemas ya existentes. Cabe preguntar: ¿el fuero militar se mantendrá para cualquier actividad que realicen?

La destrucción del sistema de impartición de justicia del Poder Judicial, así como del servicio profesional de carrera que se ha creado en las últimas tres décadas y sepultar la posibilidad de construir una autoridad civil para restaurar la seguridad pública, se sumaría a las nefastas consecuencias que podrían tener las acusaciones en contra de López Obrador por presuntos nexos con grupos de delincuencia organizada, recién hechas por Genaro García Luna y probablemente por El Mayo Zambada en los juicios que les siguen en Estados Unidos.

Es evidente que AMLO mantiene en jaque a “la reina” –la próxima presidenta Claudia Sheinbaum posee saberes científicos y universitarios que podría aplicar para corregir el rumbo de la nación–; sin embargo, López Obrador no solo le impuso la celeridad en la aprobación de sus temibles reformas constitucionales,  sino también la ha llevado a sus giras de despedida, todos los fines de semana desde el 15 de junio, en tales actos se dirige a ella como subalterna, la compromete en público a realizar sus pendientes, al grado de que hay voces temerosas de que el caudillo tenga en mente imponer una diarquía que amenace el futuro del país.