Miscelánea, salud y Política Judith Álamo López

En el sexto día de las campañas electorales, Palacio Nacional recupera la atención mediática, cuando esta mañana fue derribada una de sus puertas por un grupo de normalistas de Ayotzinapa quienes vienen demandando desde hace meses una entrevista con el presidente López Obrador para reclamarle su traición por incumplir la promesa de aclarar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

¿Hay que alarmarse por la inseguridad e incompetencia de los custodios del presidente de la República?  ¿Dónde estaba el representante presidencial para atender protestas ciudadanas? ¿Es tiempo de extrañar al desaparecido Estado Mayor Presidencial o quizá se dejó hacer para aprovechar este golpe mediático? Adentro, en el salón de Tesorería, el presidente daba su acostumbrada conferencia mañanera a los reporteros acreditados cuando ocurrían los hechos.

Pasaron muchos minutos desde que los estudiantes embozados acometieron la puerta lateral, gritaron consignas e intentaron incendiar la puerta, los guardias apenas respondieron con tibieza, se hicieron a un lado, y comenzaron por lanzarles cartuchos de gas lacrimógeno por debajo de la puerta, dio tiempo para que los protestantes trajeran una camioneta Pick up de la CFE –seguramente arrebatada a no sabemos quién–, la cual lanzaron en reversa hasta que el zaguán de madera cedió.

 Esta acción en la residencia oficial presidencial solo refleja la laxitud en las estrategias de seguridad que está afectando a todo el país y ratifican la ausencia de autoridad que preserve el Estado de derecho. La protesta, sin duda, es resultado de la desesperación y desilusión por parte de familiares de los estudiantes desaparecidos quienes sólo fueron usados por el obradorismo como tema de campaña. Los métodos de protesta han crecido en daños y violencia debido a que esta administración ha sido altamente permisiva.

El jefe del Ejecutivo, leal a su estilo, para no desaprovechar el golpe, acusó a sus adversarios de estos actos de provocación:  al grupo que encabeza Álvarez Icaza, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, a grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros quienes manipulan a los padres de los estudiantes desaparecidos para “hacerles” daño políticamente.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ha estado ligada a la triada corrupción, narcotráfico e impunidad,  es un caso emblemático de cómo el candidato presidencial de Morena enarboló la bandera del esclarecimiento y cómo ya presidente empezó a ignorar los resultados de la investigación de especialistas extranjeros (GIEI), de la Comisión de la Verdad encabezada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y autorizó el despido del funcionario que confirmó indicios del  involucramiento militar.

La violencia en México no para, el reporte ‘MX: La Guerra en Números’, de T-ResearchMX, conforme la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 22 de febrero de 2024, registró 180 mil 89 homicidios dolosos en México. Sin embargo, López insiste en que magnifican la violencia con propósitos polítiqueros.

AMLO ataca a quien ose opinar sobre el problema, fue el caso del alto comisionado de la ONU, Volker Türk, quien llamó a autoridades a salvaguardar las elecciones de México de la violencia, en respuesta lo acusó de ser comparsa de sus opositores.

Ahora con mayor profusión recurre a afirmaciones esquizofrénicas –alejadas de la realidad–, como: “la violencia es un asunto de publicistas y la usan por la temporada…como hay elecciones hay pues participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas…”.

La candidata presidencial de la coalición PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, arrancó campaña en Fresnillo, Zacatecas, el municipio con mayor percepción de violencia en el país, y alumbrada con velas quiso dar una luz de esperanza a los habitantes asolados por la delincuencia organizada, arropada por familiares de desaparecidos y víctimas de criminales, anunció que la seguridad pública será la principal prioridad de su gobierno, “sin guerra ni abrazos”.

En los seis días de actividades proselitistas ha propuesto la creación de una mega-cárcel de seguridad para los delincuentes más peligrosos ya sentenciados o detenidos en flagrancia, ya que estos criminales controlan fraudes y estafas desde algunos centros carcelarios. Ante críticas, se desmarcó del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, precisó: “no habría detenciones masivas y se respetarán plenamente los derechos humanos”.

La abanderada de la Coalición Fuerza y Corazón por México anunció también la creación de la Universidad Nacional de la Seguridad para capacitar a las policías municipales, a quienes se dotará de mayores recursos, mejor equipo y se dignificará su salario, cuando menos será de 20 mil pesos mensuales. Sobre los militares, afirmó, dejarán tareas ajenas a su misión de defender la soberanía nacional, “los vamos a cuidar”, les ofreció en Tabasco.

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, presentó su plan de gobierno para pacificar al país, denominado “República Segura y con Justicia”, en el que plantea dar continuidad a la política de “Abrazos no balazos” del presidente López Obrador: atender las causas –con becas–; consolidar la Guardia Nacional bajo órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional; coordinarse con la Fiscalía General de a República y reformar el Poder Judicial mediante la elección de ministros. magistrados y jueces.

La aspirante presidencial oficialista y sus voceros aseguran que la aspirante de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena,PT y PV) es la única con experiencia por haber detenido la aspiral ascendente de casos en la CDMX y mejoró la percepción de seguridad en los capitalinos. Repiten las frases de AMLO: acusan a los opositores de tratar de generar un clima de miedo por el tema de la inseguridad y la violencia, insisten en que la gente en México está muy tranquila, muy segura y feliz, quieren la continuidad, etc.

Hasta el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, ha priorizado el tema de seguridad pública en sus ofertas de campaña, ha planteado reforzar las policías civiles, regular algunas drogas como el cannabis, también ha prometido salarios dignos y revertir la militarización del país.

La realidad es lacerante. Hasta ayer, Data Cívica había contabilizado 11 candidatos asesinados, para un total de 22 crímenes políticos electorales en lo que va del proceso electoral que culminará el próximo domingo 2 de junio, según el estudio “Votar entre balas”, elaborado por Itzel Soto, la violencia política en la República mexicana está concentrada, principalmente, en puestos a nivel municipal.

Todos los días, en una decena de entidades del país se conocen casos de renuncias de candidatos por prohibición expresa de grupos criminales. A falta de estrategia, hasta el Episcopado Mexicano alertó sobre la violencia criminal que amenaza la jornada histórica que se avecina y hace un llamado al INE, a candidatos y autoridades a garantizar la seguridad y evitar que fuerzas del crimen organizado intervengan. La protesta violenta de los normalistas de Ayotzinapa derribando una puerta de Palacio Nacional podría ser un momento de inflexión: ¿Estamos ante la continuidad de un proyecto político centralizado en la predominancia del Jefe Máximo o se avizora su debacle, un cambio de timón urgente y  necesario?