PORTO ALEGRE, Brasil — La Policía Federal abrió una investigación para indagar si el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cometió un crimen de responsabilidad administrativa. La inquisición se dio inicio luego de que el Senado de la República instauró una “Comisión parlamentaria de investigación” (CPI de COVID) para apurar irregularidades y atrasos en la compra de vacunas durante la pandemia.

En el transcurso de la averiguación por parte de la comisión del senado, salió a la luz un contrato de compra multimillonaria de la vacuna Covaxin.

Luis Ricardo Miranda, funcionario de carrera del Ministerio de Salud y hermano del diputado federal Luis Cláudio Miranda (Democratas-DF), quien representa a la base del gobierno, llevó estos antecedentes hasta el propio presidente de la República el 20 de marzo de 2021.

El presidente se comprometió a denunciar estos hechos a la Policía Federal, situación que no se llevó a cabo. El diputado indicó que Bolsonaro tendría apuntado como principal responsable de estas irregularidades al diputado Ricardo Barros (Partido Progresista-PR). El 12 de julio, por solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) y autorizado por el Supremo Tribunal Federal, se inició una indagación para comprobar si Bolsonaro cometió un crimen de responsabilidad.

Tras las acusaciones, realizadas el 25 de junio, por presuntas irregularidades en la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI de COVID), el Ministerio de Salud suspendió el contrato para la compra de la vacuna india Covaxin, y los principales responsables fueron retirados de sus cargos.

“Las denuncias de los hermanos Miranda no tienen fundamento. Informan de una supuesta compra que no existió. La compra tiene tres etapas: compromiso, liquidación y pago. Nada de esto se hizo. No se compró un mililitro de vacuna. Es solo una CPI del odio para llevar adelante algo sin fundamento”, dijo el diputado Federal Bibo Nunes (Partido Social Liberal) de Río Grande do Sul.

En la evaluación de Nunes, la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI), que investiga las acciones y omisiones del Gobierno Federal en el enfrentamiento de la Pandemia en Brasil, no afecta al gobierno. ”Por lo contrario, hasta fortalece el lado de Bolsonaro”, dijo.

La mañana del 10 de julio, el presidente Jair Bolsonaro participó en un recorrido en motocicleta por la ciudad de Porto Alegre y Región Metropolitana, al que asistieron miles de simpatizantes. En el encuentro, además del presidente, muchos motociclistas no usaron máscaras, sin hacer caso de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Nunes, uno de los organizadores de la actividad, dijo que cree que no hay razón para usar el accesorio al aire libre. “En el momento en que vivimos, con casi el 40 por ciento de la población vacunada, no veo ninguna razón para usar una máscara, al menos al aire libre. Esto es infundado. No soy médico, pero leo mucho sobre el tema”, dijo.

En Río Grande do Sul, solo el 26.7 por ciento de la población adulta se encuentra completamente vacunada. A nivel nacional, el índice es del 20.3 por ciento. Los datos proceden del Consórcio de Veículos de Imprensa (CVI), con base en información de las secretarias estatales de salud, y se refieren al día 15 de julio.

En entrevista con Zenger, el diputado federal Luis Cláudio Miranda (Democratas-DF), dijo que las denuncias ahora son objeto de investigación por parte de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI), el Ministerio Público y la Policía Federal. “Todo lo que dije está más que probado. El propio presidente Bolsonaro ya lo ha confirmado. Estoy listo para ir a donde sea necesario. La lucha contra la corrupción es una bandera que no me arrebatarán de las manos”.

El parlamentario también espera que la CPI consiga investigar a fondo todos los indicios, sacar a luz la verdad y señalar a los culpables.

El martes 13 de julio, el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados en Brasilia instauró dos procesos para investigar la conducta de los diputados Luis Miranda (Demócratas-DF) y Ricardo Barros (Partido Progresista-PR). Barros es el líder del gobierno en la Cámara y sería nombrado por el presidente Bolsonaro como responsable de la compra de la vacuna Covaxin, además de haber incluido una medida provisoria para facilitar su importación.

“Creo que no estamos viviendo en una dictadura, donde el parlamentario tiene sus prerrogativas de fiscalización revocadas. Cumplí mi rol y haría lo mismo mil veces. Estoy orgulloso de haber luchado junto a mi hermano para evitar que el dinero destinado a las vacunas acabe en paraísos fiscales. La vacuna es un asunto serio. Las vidas perdidas nunca se recuperarán. Sé que nuestra lucha apenas comienza”, dijo el diputado Miranda. Ya son más de 540 mil vidas perdidas en Brasil por la pandemia.

En Twitter, el diputado federal Ricardo Barros (Partido Progresista-PR) dijo que recibió con “tranquilidad” la decisión del Consejo de Ética de la Cámara. “Es otro movimiento político para intentar desgastar al gobierno. Las acusaciones no se sustentan como ya lo demostré y lo probaré en el Consejo de Ética y en la CPI de la Pandemia. No tengo nada que temer”.

Conselho de ética

Recebo com tranquilidade a representação no Conselho de Ética. É mais um movimento político para tentar desgastar o Governo. As acusações não se sustentam como já demonstrei e provarei isso no Conselho de Ética e na CPI da Pandemia. Não tenho nada a temer.

— Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) July 13, 2021

Diversas manifestaciones se han realizado a favor y en contra del presidente Bolsonaro en todo Brasil. La noche del 13 de julio, los manifestantes tomaron las calles de Porto Alegre, en actos contra el gobierno federal. Pidieron la destitución del presidente y exigieron ayuda de emergencia por 600 reales [114 dólares], mucho más que los 150 o 375 reales [28 a 71 dólares] estipulados para 2021. De acuerdo con la divulgación de la protesta, la manifestación tuvo como objetivo el movilizar a la población para un acto nacional que ocurrirá en todas las capitales del país el día 24 de julio. Se esperan más movilizaciones a futuro.

En la evaluación del científico político de la Universidade Federal de Río Grande do Sul (UFRGS), Paulo Peres, la CPI de COVID ha generado preocupación en el gobierno federal. “Bolsonaro, al parecer, ya está bastante conmocionado por los impactos de la CPI. Probablemente, una parte de la caída en la aprobación popular de su gobierno, como se indica en varias encuestas, se deba a la repercusión de las revelaciones de la CPI en dos frentes, es decir, la omisión deliberada en la compra de vacunas, con sabotaje explícito en las acciones de alcaldes, gobernadores y del Ministerio de Salud, y el caso de probable corrupción que involucró las negociaciones de Covaxin, afectando a miembros del gobierno, e incluso al propio presidente”, dijo.

Una encuesta del Instituto Datafolha, realizada los días 7 y 8 de julio, indicó que la mayoría de los entrevistados se manifestó a favor de abrir el proceso de destitución contra el presidente. Hay 54 por ciento a favor de la acción por parte de la Cámara de Diputados, frente al 42 por ciento que está en contra de la destitución de Bolsonaro. La encuesta fue realizada a dos mil 74 personas mayores de 16 años en todo Brasil. El margen de error es de más o menos dos puntos porcentuales.

Al analizar el futuro de Brasil para las próximas elecciones, Peres citó a los posibles candidatos a la presidencia de la república para 2022: el político Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista) y el actual gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite (Partido de la Social Democracia Brasileña), ”La única certeza que se puede tener, para ahora, es que el Partido de los Trabajadores estará en segunda vuelta, con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva”, dijo.

Peres indicó que la democracia actual es representativa porque los que gobiernan llegan al poder por las elecciones. El voto es la fuente de la autoridad de quien gobierna. Sin embargo, dice: “Pero los políticos, los partidos, el ejecutivo o legislativo, los órganos del estado, no pueden usar su poder o la justificación de que representan los intereses de la mayoría para violar los derechos de las minorías. El liderazgo populista considera que esas instituciones que colocan limites a la voluntad de la mayoría son mecanismos que impiden la verdadera democracia. Para ellos, la democracia es la voluntad de la mayoría. Si la mayoría quiere eliminar los derechos de las minorías, ninguna institución podrá impedir tal decisión. Si la justicia hace esto, será antidemocrática. Si la oposición, considerada minoritaria, bloquea las decisiones del gobierno, ella debe ser eliminada, dijo.

“Bolsonaro ni siquiera es el representante de la voluntad del pueblo, él es el propio pueblo. Él no es un líder saludable ni para la democracia liberal, ni para los derechos ni, como su gobierno ha mostrado, para el país como un todo”, dijo Peres.

Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas