Al solicitar un incremento del 4 por ciento para 2024 en el presupuesto del Poder Judicial Federal, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña afirmó que el debilitamiento de uno de los tres poderes del Estado por una insuficiencia presupuestal “no implica una política de austeridad”, sino el rompimiento del Estado de Derecho.

Durante una sesión solemne desarrollada en las instalaciones de la Corte a la que asistieron representantes de toda la Judicatura Federal, la ministra presidenta dijo que el presupuesto solicitado a la Cámara de Diputados equivale al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto de México.

Afirmó que la asignación requerida para 2024, representa en promedio 1.8 pesos diarios por cada ciudadano mexicano.

De acuerdo con el proyecto que se podrá a la consideración de los diputados, la Suprema Corte de Justicia pide 6 mil 91 millones de pesos de presupuesto para 2024; el Consejo de la Judicatura Federal, 74 mil 793 millones y el Tribunal Electoral 3 mil 890 millones, para un total de 84 mil 793 millones de pesos.

La ministra Piña sostuvo que la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de mayor desventaja para acceder a sus derechos.

“Proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos, no sólo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos”, señaló.

Norma Piña mencionó algunas de las necesidades que se tendrán que cubrir para 2024.

Destacó que el proceso electoral de 2024 requerirá contar con los recursos necesarios para una trasmisión pacífica del poder.

“Solo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”, indicó.

Aseguró que se requiere atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se registra en los últimos cinco años, además de la creación de 45 órganos jurisdiccionales más, derivada de la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.

Asimismo, la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado a mediados de este año por el Poder Legislativo.

Norma Piña dijo que también se requieren más recursos para el Instituto de la Defensoría Pública y para el reforzamiento de las medidas de seguridad para las personas que integran el Poder Judicial Federal.

“Impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal, ni a la de quienes nos rodean”, advirtió.