Fernando Vázquez Rigada

El INEGI ha dado a conocer el nuevo estudio sobre los niveles de pobreza del país.

Hay buenas noticias, lecciones y pendientes.

Primero las buenas: la pobreza se redujo. 13 millones de personas salieron de esa condición de 2018 al 2024. También cayó la pobreza extrema en 1.7 millones de personas. Son los que ganan más y no tienen carencias.

Me explico: para que una persona se considere que ha dejado de ser pobre en México debe ganar lo equivalente a más de una canasta básica, que incluye no sólo comida, sino transporte, ropa, etc.) y que no tenga carencias sociales. En México son 6 carencias, que incluyen salud, educación, seguridad social, alimentación, vivienda digna y servicios en esa vivienda.

El ingreso producto del trabajo aumentó de manera importante gracias al incremento de los salarios mínimos y a los beneficios derivados de él: pensiones, rentas, etc.

Al mismo tiempo, todas las carencias medidas tuvieron una mejora, aunque algunas modestas. El gran acelerador fue el salario, por eso hubo más personas que dejaron la pobreza por ingresos (15 millones) que por ingreso y carencias (13 millones).

Ahora las lecciones. Las buenas noticias nunca llegan solas.

Primero: hay un número inmenso de personas que siguen viviendo con carencias y que, por tanto, son vulnerables.

Hay 44.5 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud. Esto obliga a que los más pobres destinen el 23% de su ingreso a salud y, de él, casi la mitad a comprar medicinas. El desplome se debió a una decisión ideológica: eliminar el Seguro Popular. Es un enorme saldo moral. 44 millones de seres humanos implica un número mayor a la población total de 17 países latinoamericanos.

Más: 24 millones tienen carencia educativa y 18.5 padecen hambre.

Siguen siendo cifras inaceptables. Un país que ofrezca dignidad a las personas no puede tener esa cantidad de gente enferma, ignorante y hambrienta. Es un estado de precariedad brutal.

Segundo: el país se parte en dos. 65% de la población de Chiapas vive en pobreza. Menos de 10% en Baja California. La geografía del fracaso surca el sureste: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, poseen una concentración de pobreza brutal. El norte es otra historia: Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Chihuahua están entre los estados más bajos de pobreza.

Los países se quiebran cuando hay brechas de esta magnitud.

Tercero: como dije, en ingresos nos fue muy bien, pero no tanto en reducción de carencias. La población vulnerable por carencias subió del 2022 al 2024: del 29% al 32%.

El gran motor fue la política salarial, no la social. Pero el aumento a salarios mínimos ya no da mucho más. Gastamos 800 mil millones de pesos anuales en transferencias, pero no hay medicinas, ni escuelas dignas y la infraestructura se cae a pedazos por falta de inversión.

Ahora los pendientes.

Hay que mantener al alza los ingresos laborales, pero esos ya no se van a dar por decreto. El salario mínimo ya casi alcanza al salario medio. No queda de otra: hay que producir más, atraer más empresas, generar más empleos formales y meter a la formalidad al 60% de los patrones informales que hay hoy en el país. La reforma judicial no fue un tiro en el pie: fue en la sien.

Debemos crear las brechas territoriales y de género. El país no va a funcionar con niveles de desarrollo tan dispares. Urgen políticas diferenciadas para regiones diferentes. Es un sentido de justicia: dar a cada quien lo que le corresponde.

Recomponer los sistemas de educación y educativos es una urgencia nacional. No sólo es una necesidad inaplazable para el desarrollo: es una demanda ética, moral de nuestra sociedad.

Hay que retomar la inversión pública y aquí viene un dilema y una decisión estratégica.

El dilema: los datos prueban que las transferencias económicas, los famosos programas sociales, no alteraron casi nada los niveles de pobreza. Y lo que se invierte es mucho. ¿No sería más sensato tener un paquete de salud, educación, y alimentación para los más necesitados? El dilema es si se elige por una política pública o se continúa con la repartidera. No es fácil: los programas sociales son más bien programas electorales. Ya hablaré de eso. No son uno de los sostenes populares del régimen: son el sostén. No digo que hay que acabarlos, algunos se deben mantener tal cual, otros deben replantearse.

La decisión: los programas faraónicos, aferrarse a PEMEX y a CFE cuestan billones de pesos anuales, mientras uno de cada 3 mexicanos vive en la pobreza. ¿Se vale? Una decisión sería cancelar esa locura y ponerse a invertir en la gente. Más: 1.6 billones de pesos se lo roban los corruptos. No del PRIAN, sino los de la nueva de la mafia del poder. Son cifras de Raquel Buenrostro. Súmele. Dinero hay.

Decisión, no.

@fvazquezrig