El llamado Plan B de la reforma electoral, impulsado por el gobierno federal, busca generar ahorros cercanos a 4 mil millones de pesos en los órganos electorales, además de reducir los costos de los partidos políticos, sus campañas y el tamaño de los ayuntamientos.

Así lo informó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien también preside la Junta de Coordinación Política, al explicar los alcances de la propuesta que será enviada al Senado.

Sin presiones de aliados legislativos

Monreal rechazó que exista algún tipo de presión por parte de los partidos aliados de Morena, como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para respaldar la reforma, particularmente en lo relacionado con la consulta popular.

Explicó que dentro de la coalición surgieron diversas propuestas de redacción sobre este tema, pero finalmente se decidió mantener sin cambios el artículo 35 de la Constitución, que actualmente prohíbe realizar consultas populares en materia electoral.

La iniciativa original planteaba permitir consultas en temas electorales, pero la presidenta Claudia Sheinbaum optó por no incluir esta modificación en la propuesta final que se enviará al Senado.

Cambios en la revocación de mandato

En materia de revocación de mandato, el Plan B propone que la consulta pueda realizarse entre el tercer y cuarto año del periodo presidencial.

Actualmente, la Constitución establece que este ejercicio solo puede llevarse a cabo en el cuarto año de gobierno, después de haber transcurrido los primeros tres años de mandato.

Reducción de regidores en ayuntamientos

La propuesta también contempla reorganizar la estructura de los ayuntamientos, al establecer límites en el número de regidores.

El planteamiento fija:

• Un mínimo de siete regidores
• Un máximo de 15 regidores
• Una sola sindicatura por municipio

Con ello se busca reducir el tamaño de los cabildos, ya que en algunos estados existen varios síndicos dentro de un mismo ayuntamiento.

Límites presupuestales para congresos estatales

Otro de los cambios planteados establece que el presupuesto de los congresos estatales no podrá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad.

Además, en el artículo 134 constitucional se refuerza el principio de que las remuneraciones de los servidores públicos deben ajustarse a los límites establecidos en la Constitución.

Monreal explicó que esta disposición también aplicaría para funcionarios de los organismos electorales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes no podrían percibir salarios superiores al de la presidenta de la República.

La iniciativa también plantea eliminar beneficios adicionales, entre ellos:

• Seguros de gastos médicos mayores
• Seguros de separación individualizada
• Cajas de ahorro particulares
• Bonos extraordinarios de desempeño

Cambios en leyes electorales

El Plan B también contempla modificaciones en diversas leyes secundarias, entre ellas:

• La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con cambios en siete artículos.
• La Ley General de Partidos Políticos, con ajustes en cinco artículos.

Entre los temas que se busca reforzar destacan los topes salariales, la fiscalización más estricta de los recursos y la supervisión en tiempo real del financiamiento de partidos y campañas, especialmente para detectar posibles recursos de origen ilícito.

Con estos ajustes, el legislador señaló que la propuesta pretende reducir costos en el sistema electoral y fortalecer los mecanismos de control sobre el financiamiento político.