• Pretender aprobar su uso divide a gabinete de 4T.
• Greenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, urgen al Presidente ponderar intereses nacionales.
• Son más de 20 años de lucha campesina en defensa de semillas nativas.  La moneda está en el aire.

Por Guillermo Pimentel Balderas

Entre todas las promesas que Andrés Manuel López Obrador, en sus propias palabras hizo durante su toma de posesión (en 2018), como presidente de México, están las relacionadas con el campo y, una de ellas es, precisamente que “no se permitirá el fracking, ni los transgénicos (enumerada con el número 35).

El glifosato, así como otros herbicidas y plaguicidas altamente peligrosos, implican un cuantioso costo a los gobiernos y tienen consecuencias desastrosas para el medio ambiente, daña la salud humana y viola los derechos humanos de la población.

Por medio de un boletín de prensa, Greenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, anunciaron que el nuevo decreto del Presidente al respecto, deberá prohibir transgénicos y glifosato.

Por mientras, celebraron la decisión de López Obrador de no avalar y no firmar el anteproyecto de decreto Villalobos-Scherer-Romo el cual no prohíbe el glifosato ni los transgénicos.

De esta forma, expusieron, se logró que se diera de baja el decreto Scherer-Villalobos de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), una propuesta contraria a los dichos y declaraciones del mismo presidente.

Se manifestaron por que se publique un decreto que vaya en línea con las declaraciones del Jefe del Ejecutivo de prohibir los transgénicos y el glifosato hacia 2024, insistieron.

“Ahora, se abre la oportunidad para que exista un decreto presidencial que responda a los más de 20 años de lucha campesina, de comunidades, ciudadanas (os), científicas (os), académicas (os) y organizaciones que han exigido en repetidas ocasiones se tome acción determinante para la prohibición de transgénicos y glifosato en el país y en defensa de la soberanía alimentaria de México”, destacaron.

Además, aseguraron que urge ponderar los intereses nacionales, la defensa de nuestras semillas nativas, nuestra autosuficiencia y soberanía alimentarias, que es fundamental para avanzar e impulsar un nuevo sistema agroalimentario y nutricional basado en prácticas agroecológicas que no afectan la salud ni dañan el medio ambiente.

“Es tiempo de saldar la deuda histórica con las y los campesinos, y con la diversidad genética en México”, subrayaron.

En tanto, es del conocimiento público que el uso del polémico químico glifosato -probable carcinógeno en humanos-, muy común su utilización en la agricultura, ha provocado el enfrentamiento entre funcionarios de la Cuarta Transformación (4T), y que, uno de los que están en contra de su aplicación en sembradíos, tuvo que renunciar por “cuestiones de salud”.

Los principales protagonistas del debate son las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que hoy administra la ex titular de Bienestar, la agrónoma María Luisa Albores y, la de Agricultura y Desarrollo Rural que, comanda Víctor Villalobos, este, con el apoyo de Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico y de Alfonso Romo, jefe de oficina de la Presidencia (quien es también un empresario de los agronegocios).

Toledo abogaba por proteger el medioambiente y durante 15 meses al frente de la Semarnat, logro la prohibición gradual del herbicida glifosato en el país, lo que le ocasionó problemas con empresarios agroindustriales (como Romo).

Villalobos y compañía, se dijo, apostaban por producir, y López Obrador, para no crear más enfrentamientos, resumió al anunciar que se había llegado a un acuerdo para su progresiva desaparición (del glifosato) antes del año 2024. Pero, al parecer, hubo que renunciar a Toledo (a finales de agosto de este año) y poner en su lugar (en la Semarnat) a una funcionaria muy incondicional a los intereses lopezobradoristas.

El debate alrededor del uso de este herbicida, comercializado en México como Aquamaster, Faena, Mamba, Sankill, Glyphos, Roundup y Ramrod, recuperó reflectores después de que un audio filtrado expuso al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, cuando acusó a dos miembros del gabinete presidencial (Villalobos y Romo) de obstaculizar la regulación del químico por intereses empresariales.

La decisión de prohibir el glifosato surgió a partir de que la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como un “potencial cancerígeno”. Es decir que, bajo ciertas condiciones, este químico, usado principalmente en la agricultura de exportación, puede provocar cáncer.

En un comunicado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), todavía de Toledo, informó que las importaciones de glifosato estarán vetadas, además, “hasta que existan los elementos e información científica contundente” que garantice un uso seguro.

La moneda está en el aire.