Especialistas en temas penitenciarios y de seguridad nacional dicen que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a presos que no tengan sentencia, que estén torturados o que tengan más de 75 años no es algo nuevo, pues el decreto de la Ley de Amnistía, publicado el 22 de abril de 2020, ya contemplaba esta pre-liberación.

Dicen que la posible salida de las personas privadas de la libertad por delitos no graves y que no hayan sido sentenciadas es solo una parte del proceso, ya que el decreto anunciado por el gobierno de México debe incluir programas de reinserción social y apoyos.

Esto es para que las personas que obtengan esta amnistía y que no cuenten con algún apoyo, porque fueron abandonadas por sus familiares o porque son adultos mayores, tengan la oportunidad de acceder a una vida digna.

Los expertos dicen que el anuncio del presidente es adecuado; sin embargo, la posible liberación no resuelve el tema de fondo. El año pasado, el grupo parlamentario que llevó al poder a López Obrador amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio.

“Para comenzar, lo que dijo el presidente no es algo nuevo. Antes del anuncio, ya se habían emitido posturas o pronunciamientos, como La Ley de Amnistía, en los que se contemplaba los beneficios de la liberación. Estos beneficios ya se contemplaban”, dijo Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta.

Niño de Rivera, quien ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos de personas en prisión, dijo que la pre-liberación de quienes tengan enfermedades crónicas debe puntualizarse, pues ese es un pilar de la Ley de Amnistía.

“Lo importante es que el anuncio se lleve a cabo y que se detalle de qué forma se va a hacer, porque, el tema ya está contemplado en distintas leyes. …También es importante que el documento o decreto especifique bajo qué condiciones las personas van a poder acceder a este beneficio, porque el acceso al Sistema de Justicia Penal es exclusivo para solo algunas personas”, dijo.

Luis Carlos Sánchez, investigador de la organización Causa en Común, ve contradicciones en la propuesta del presidente y lo que su partido ha legislado en el Congreso: una ampliación a los delitos que ameritan prisión preventiva inmediata por considerarlos “graves”, como el robo de combustible y los delitos electorales.

“Es una contradicción, porque el año pasado el grupo parlamentario del presidente aprobó reformas para ampliar los delitos de prisión preventiva. Esto es algo que se debe dejar en claro. Hay delitos como el feminicidio en los que estamos de acuerdo”, dijo.

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— Causa en Común (@causaencomun) July 28, 2021

Ambos dijeron que el problema de fondo se centra en la cantidad de personas que están presas por años bajo una medida cautelar que debiera durar solo el tiempo en que se llevan a cabo las investigaciones. Después, con el estudio de sus expedientes se les deja salir por “errores” procesales o porque eran inocentes.

“Nosotros vemos una parte de contradicciones en lo que dijo el presidente. La pregunta para responder sería: ¿por qué no han sido sentenciadas y siguen en prisión? Esto tiene de fondo un problema del Sistema de Justicia Penal. El anuncio del presidente no es nuevo en el tema; es importante saber que no todos son culpables o inocentes, pero, sobre todo, que es un tema de justicia en el país que elude el presidente”, dijo Sánchez.

Niño de Rivera dijo que el paso más importante en materia de seguridad y justicia para los presos torturados y sin sentencia es revisar “el Sistema de Justicia Penal que tenemos en México, analizarlo, es un viejo sistema que se aprovecha de los que menos tienen”.

Sánchez también dijo que la Ley de Amnistía, que el presidente anunció el año pasado como una medida para mitigar los contagios de COVID-19 en los centros penitenciarios no ha llevado a la liberación de tantas personas como se pretendía, sino que no fue suficiente.

El penal El Altiplano, en el Estado de México, se encuentra aún en “semáforo rojo” de contagios de COVID-19, asunto que ya cobró la vida de Mario Casarrubias, uno de los involucrados y supuestamente culpables del caso Ayotzinapa, cuando 43 estudiantes normalistas desaparecieron en Guerrero en 2014.

“Otro tema es que el gobierno no debe echar la culpa a otros gobiernos, sino ver y proponer soluciones para evitar que ese viejo sistema siga vigente”, dijo Sánchez.

Niño de Rivera dijo que liberar a presos que fueron torturados, que no tienen aún sentencia, que tienen enfermedades crónicas o que son adultos mayores no es suficiente. Se debe dejar claro cómo se va a ayudar a las personas que salgan.

“Es una realidad que los abogados de oficio están rebasados de trabajo. Es muy difícil que una persona que tienen muchos años en prisión pueda obtener estos beneficios, porque no tiene recursos y están abandonadas por sus familiares”, dijo.

La nota Gobierno debe detallar plan de liberación a presos sin sentencia y torturados: expertos se publicó primero en La Silla Rota.

Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas

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