Las tensiones en Perú continúan aumentando ante las movilizaciones a favor del expresidente Pedro Castillo y una audiencia judicial en marcha para definir si continuará preso. Las protestas, que llevan ya siete días, han registrado al menos nueve muertos y 216 policías heridos, según la Defensoría del Pueblo.

El juez Juan Carlos Checkley escuchó los argumentos de la Fiscalía, la cual solicitó aplicar prisión preventiva por 18 meses por riesgo de fuga. La defensa de Castillo pidió su liberación, pues ya pasó los siete días en cárcel dictados por la ley. Checkley emitirá su resolución, donde define si dicta o no prisión preventiva por intento de golpe de Estado al exmandatario, a las 17:30, hora Lima.

Asimismo, el Estado de Emergencia empezó el jueves 15 de diciembre y tendrá una duración de 30 días. De esa manera, el derecho a la movilización será restringido y tanto la policía como el ejército se desplegarán para mantener la seguridad y orden.

Los aeropuertos en Cusco, Juliaca y Arequipa, así como el de Ayacucho, suspendieron sus actividades por las protestas, pues se les informó a sus operadores que los manifestantes tenía previsto ingresar. Además, una de las principales atracciones turísticas de Perú, Machu Picchu, anunció su cierre para los turistas.

Ante el reclamo de los manifestantes, de tener elecciones antes de abril 2024, Diana Boluarte, presidenta del país, solicitó al Congreso tomar en consideración su propuesta de realizar los comicios en diciembre de 2023. Sin embargo, al ser una reforma constitucional, el legislativo necesita mayoría calificada de 87 votos.

Por otra parte, la cancillería de Perú llamó a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia por intromisión en la política interna. Pues, consideran una injerencia el cuestionamiento de los presidentes de esos países sobre la destitución del expresidente Pedro Castillo y la designación de Dina Boluarte.