Miscelánea, salud y política por Judith Álamo López

A días de que Donald Trump tome posesión, aumenta el flujo de deportaciones de migrantes mexicanos como resultado de órdenes de expulsión dictadas por jueces de Estados Unidos. Simultáneamente, en el sur del país, las primeras caravanas de migrantes del 2025 se dirigen de Chiapas, Oaxaca o Veracruz hacia el norte.

Las presiones migratorias para México aumentan para hacer frente a las demandas de asistencia humanitaria por parte de connacionales que serán repatriados y las caravanas migrantes, integradas principalmente por latinoamericanos, quienes con o sin permiso cruzan nuestro territorio bajo el asedio de guardias nacionales y agentes del Instituto Nacional de Migración.

Tiempos propicios para ejercitar la empatía con mexicanos y extranjeros que huyen del infortunio en sus lugares de origen y, a pesar de la amenaza que representa el crimen organizado en territorios bajo su control, se internan en el país rumbo al norte, con riesgo de ser secuestrados, extorsionados, capturados o asesinados.

Los reportajes periodísticos sobre los preparativos del gobierno mexicano para enfrentar las deportaciones anunciadas por Trump, una vez tome posesión el lunes 20 de enero, muestran un operativo montado por la cancillería en los 53 consulados mexicanos en la Unión Americana.

Las previsiones del gobierno mexicano se suman a las acciones permanentes que realizan redes de ONG defensoras de derechos humanos; la ACNUR, oficina de la ONU para atención de refugiados y otras instituciones humanitarias. Sin embargo, en las principales ciudades fronterizas mexicanas no existía suficiente apoyo estratégico ni recursos federales, al menos hasta hace unos días. 

El municipio de Tijuana, Baja California, se declaró en emergencia preventiva; mientras que Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, buscan coordinar los servicios disponibles en refugios auspiciados por organizaciones sociales, religiosas o caritativas, para enfrentar la contingencia.

El exembajador de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez Ebergenyi, comentó a Aristegui Noticias que, de los 40 millones de inmigrantes radicados en Estados Unidos, un tercio ya son americanos, otro tercio son residentes legales y en el último tercio se integran los trabajadores ilegales indocumentados.

Explicó que será imposible la deportación masiva porque son indispensables para trabajar en los sectores de la construcción y agrícola, entre otros. Si no, ¿quiénes reconstruirán las casas quemadas de Los Ángeles y levantarán las cosechas?, por lo que, cree el embajador Basáñez, que los empresarios estadounidenses presionarán para retener a la mayoría.

Sin embargo, aunque los peores vaticinios no se cumplan, el gobierno mexicano debe esforzarse en prevenir, en lo posible, el retorno de la mayor cantidad de emigrantes mexicanos. Así como el gobierno obradorista celebró sus remesas como un triunfo propio, ahora que les creen empleos en tierras nacionales.

De esta forma podría arrancar el ambicioso Plan México, utilizando las inversiones privadas que lo sustentan. Lo que pondría fin al escepticismo, respecto a cómo se logrará que México sea la décima economía mundial, cómo se convertirá en uno de los cinco destinos turísticos más visitados del mundo y cómo se reducirá la pobreza y la desigualdad social, entre otros objetivos plausibles.

En octubre de 2023, de más de 7 mil inmigrados mexicanos enjuiciados en Estados Unidos, el 37% recibió la orden de deportación; mientras que, en octubre de 2024, de 11 mil casos, los jueces estadounidenses expulsaron al 66%, más de 7 mil.

Así la tendencia incentivada por el nuevo liderazgo de un Donald Trump antimigrante, antimexicano, anti buena vecindad… anti todo lo que se pueda oponer, según sus creencias y promesas, a la “recuperación” de la grandeza de Estados Unidos de América como la potencia mundial.

Y hay que creerle a este hombre quien, pese a ser considerado un criminal por la justicia de su país, con una treintena de acusaciones en su contra por diferentes delitos y varios fallos de culpabilidad, en pocos días llegará a ser el presidente 47 de los Estados Unidos de América. Así la realpolitik…

Conforme al embajador Miguel Basáñez, en Estados Unidos desde 1970 manda una plutocracia, o sea el dinero; mientras que, en México, según su libro ¿Quién manda en México?, publicado en 2024, como resultado de una encuesta de percepción, mandaba Andrés Manuel López Obrador (41%) y en segundo lugar el crimen organizado (24%).

A partir de 1989, según el autor, luego de la detención del capo del narcotráfico Miguel Ángel Félix Gallardo, el crimen organizado accedió al círculo presidencial y desde entonces ha estado conectado a ese nivel.

Conforme a esa tesis, la conexión iniciada con Carlos Salinas de Gortari se mantuvo cinco sexenios: pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Asegura Basáñez que el enjuiciamiento y condena en Estados Unidos del operador de la seguridad pública con Calderón, Genaro García Luna, es la mejor prueba de ello. Quizá eso explique el perfil del nuevo embajador de Estados Unidos en México.

Conforme a la presidenta Claudia Sheinbaum, ella sólo está a cargo del segundo piso de la Cuarta Transformación; originalmente, el primer piso y su estructura legal fueron diseñados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su llamado Plan “C”.

Así lo ratificó la jefa del Ejecutivo en la fiesta por los 100 días de su gobierno, que acabó siendo una exhibición del culto a la personalidad del caudillo macuspano y su fiel discípula, en ese orden. Ahora, al menos en medios televisivos nacionales, salvo excepciones, se ausentaron las voces de analistas independientes.

En el acto multitudinario se detectó la presencia de empleados de la administración pública morenista, beneficiarios de programas sociales (tercera edad y becarios) y organizaciones sindicales encabezadas por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), ubicada al frente de los contingentes. Lo que dejó entrever avances en la restauración del viejo orden hegemónico.

El autollamado gobierno del pueblo procedió como el viejo PRI: la “gente buena” fue acarreada al zócalo desde la madrugada, se les pasó lista de asistencia y se les exigió estar de pie afuera de la Plaza Mayor frente a pantallas –sin sonido–. Mientras la nueva élite gobernante ocupó el zócalo en zona de sillas.

Veamos cómo se desempeña el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum frente a lo que se vaticina como la peor pesadilla por venir. Ante el acoso externo e interno por la necesidad de que el Congreso apruebe 73 ordenamientos secundarios derivados de las reformas constitucionales aprobadas al vapor, y cómo se consumará la desaseada primera elección de magistrados y jueces del Poder Judicial, el 1 de junio del presente año. Quizá podría surgir una inesperada resiliencia de quien acabe por decidirse a asumir el liderazgo presidencial y cumpla con sus atribuciones constitucionales. Las facultades de quien es jefe del Ejecutivo aún no se han reformado ni contemplan primero o segundos pisos.