La detención del exgobernador del estado mexicano de Puebla Mario Marín (2005-2011) le abrió un resquicio de acceso a la justicia a la periodista mexicana Lydia Cacho, torturada en 2005 presuntamente por orden del político tras destapar una red de pornografía y prostitución infantil.

Marín era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza del estado de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión en contra suya y de otras tres personas, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la Policía estatal Adolfo Karam y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez, implicados en la tortura.