Miscelánea, salud y política Judith Álamo López Mientras candidatos y partidos políticos que participarán en la contienda del 2 de junio próximo por respeto a la ley deben guardar una cuarentena, y evitar hacer proselitismo electoral, el jefe máximo de campaña de Morena, al margen de la ley –como siempre– desde Palacio Nacional, usando en […]
Miscelánea, salud y política Judith Álamo López
Mientras candidatos y partidos políticos que participarán en la contienda del 2 de junio próximo por respeto a la ley deben guardar una cuarentena, y evitar hacer proselitismo electoral, el jefe máximo de campaña de Morena, al margen de la ley –como siempre– desde Palacio Nacional, usando en forma arbitraria los recursos públicos y los medios del Estado, sigue tratando de convencer a los ciudadanos mexicanos de que sigan apoyando su causa.
Y aquí cabe la pregunta ¿Cuál es su causa? Definitivamente, hoy lo principal es mantener el poder para no dar cuentas de cómo ha utilizado los recursos públicos de forma intransigente, haciendo uso de su inspiración divina para decidir qué es correcto y qué no.
Sobran los casos en que sin atender razones fundadas de sus propios colaboradores y asesores tomó decisiones que hoy podrían calificarse de catastróficas, pero ¿cómo es posible? diría cualquier ciudadano preocupado por saber cómo se ha gobernado y administrado a su país durante más de 5 años.
¿Quiénes podrían probar tamaño absurdo?:Los periodistas libres, independientes, especializados en investigar y denunciar.
Ya lo decía Francisco Zarco, el periodista y político liberal nacido en Durango hace casi un siglo: “La prensa no solo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización”.
Pero ¿cómo acceder a la información que pruebe la corrupción, el nepotismo, el abuso de poder, la inconstitucionalidad de los actos de gobierno? Aunque una buena parte de la información ya la “custodia” el Ejército para mantenerla reservada indebidamente “por razones de seguridad nacional”, aún podemos recurrir al INAI –Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales–, que para eso se constituyó luego de una larga lucha de organizaciones sociales a favor de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de gobernantes a la sociedad civil.
El Instituto se creó en 2002 bajo el nombre de IFAI –Instituto Federal de Acceso a la Información Pública–, y comenzó a operar en 2003, y 11 años después cambió su nombre a INAI. Se trata de un organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.
¿Cómo puede solicitarse información? Acudiendo personalmente al INAI para pedir informes sobre la Unidad de Transparencia, en Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, conmutador: 5004 2400, o por medios electrónicos a través de Internet, utilizando la Plataforma Nacional de Transparencia: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Ahí se pueden pedir documentos relacionados con programas de obra pública, licitaciones y adjudicaciones, presupuesto y estados financieros, remuneraciones y viáticos de servidores públicos, resultados de estudios y auditoría, datos estadísticos, entre otros relativos a la Administración Pública, y a la par se puede denunciar el mal uso de datos personales, tema muy sensible debido al incremento de los llamados ciber-crímenes.
Hasta aquí la explicación que lleva a otra interrogante: ¿Qué quiere esconder el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando insiste en querer desaparecer al INAI? Ha argumentado que sus mil millones de pesos de presupuesto anual se utilizarán para pagar las pensiones que ocupan 2 billones de pesos anuales. No hay proporción alguna, ¿verdad? Curiosamente de este organismo han salido los datos sobre actos de corrupción en el gobierno de AMLO, pero también en los de Peña y Fox.
¿Por qué ataca un día tras otro a los periodistas críticos? ¿Será porque no soporta la transparencia, ni que lo exhiban como intolerante, mitómano, caprichoso, nepotista, incongruente…? Pese a llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales a dejar de abusar del poder presidencial a través de secciones creadas en La Mañanera, no cesan sus acusaciones en contra de los informadores independientes cada día.
A últimas fechas el caso de Azucena Uresti hizo evidente cómo los concesionarios ceden a las presiones del mandamás de Palacio Nacional. Ella es el caso reciente, pero la lista es larga: los empresarios de los medios buscan hacer negocios con el gobierno o su aval, la mayoría carece de compromiso social. Una revisión de sus dichos en La Mañanera corrobora sus presiones personalizadas contra los periodistas.
A Carmen Aristegui no le perdona haber decidido mantenerse como periodista independiente. Ahora la acusa de manera burlona de ser “paladina de la libertad”, y arremete contra ella con motivo de difundir un reportaje que lo desnuda al mostrar cómo solo él, sin atender las recomendaciones de miembros de su gabinete, decidió de forma testaruda, con una consulta “hechiza”, cancelar un proyecto sin importarle el altísimo costo para el erario y condenando al sistema aeroportuario a la ruina actual.
El reportaje realizado por la reportera Regina Díaz Gutiérrez fue titulado: El costo del gran capricho de AMLO, y ahí se le acusa con sustento puntual del desvío de mil 200 millones de pesos de la Tarifa de uso de aeropuerto –TUA– para pagar el Tren Maya, una de las obras faraónicas, que no obstante casi cuadriplicar su costo –rebasó los 500 mil millones de pesos–, hoy luce inoperante e inacabada, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sin el mantenimiento que justifique el pago del TUA más oneroso del mundo, parece zona de desastre .
Lo cierto es que hasta la fecha no ha habido desmentidos por parte de López Obrador sobre reportajes periodísticos realizados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCI) exhibiendo a Juan Ramón López Beltrán por recibir el uso de una casa en Texas como beneficio indebido por parte de proveedores de PEMEX; ni por los dos libros de María Elena Chávez exhibiéndolo como el Rey del Cash o El Gran Corruptor; ni a los reportajes de Latinus que muestran una intrincada red de tráfico de influencias montada por amigos de sus hijos Andy y Gonzalo Bobby López Beltrán para hacerlos proveedores improvisados de obras públicas como el Tren Maya.
El presidente optó por atacar a los periodistas y hasta hoy no ha refutado con pruebas los reportajes, pero si ha dirigido iracundos calificativos contra los informadores, con lo que ha afianzado el clima de violencia generalizada contra la prensa en nuestro país. Aunque es cierto que esta problemática no comenzó con AMLO, sí se ha incrementado. Ayer en Ginebra Suiza organizaciones sociales de países miembros de la ONU analizaban el caso de México como violador sistémico de Derechos Humanos de periodistas y activistas. El viernes próximo conoceremos el Informe Mundial.
La Mañanera, como instrumento de gobierno, sin duda ha sido útil para el jefe del Ejecutivo para orientar la agenda pública hacia los territorios considerados convenientes para mantener su popularidad, ya sea para conquistar simpatías mediante el uso de una narrativa épica de hazañas inexistentes o mediante la victimización permanente –personificando al hombre del pueblo iracundo ante tanta humillación y engaño–; todo ello apoyado en la mentira.
Pero hay que reparar en que La Mañanera es también prueba que podrá ser usada en contra de quien hasta la fecha creyendo en perpetuarse en el poder olvidó cumplir con gobernar un país democrático, garantizando el respeto a todas las formas de pensamiento, apegando sus actos a la ley vigente. Por eso los ciudadanos debemos estar conscientes de que la alternancia es la forma de garantizar que los gobernantes actúen con responsabilidad, el poder en México es sexenal no infinito, y una sociedad informada debe proteger a una prensa libre.
Ha llegado el momento de que busquemos la unidad gremial entre periodistas como medio para hacer que los mecanismos creados como la Fiscalía para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) o El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sean de alguna utilidad, ya que hasta ahora no han sido capaces de detener la ola de violencia ni la impunidad casi total en contra de los ofensores y homicidas de informadores comprometidos con la verdad.
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