El diputado Hugo Adrián Félix Pichardo (Morena) presentó una iniciativa para que las pensiones o jubilaciones sigan indexadas al salario mínimo y no a la Unidad de Medida y Actualización.

Plantea que las instituciones de seguridad social y las autoridades correspondientes, en el cálculo de las pensiones, jubilaciones y todas las prestaciones de seguridad social, estarán obligadas a tomar el salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia.

Las reformas propuestas son al artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, y a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Carta Magna.

En los considerandos de la iniciativa, remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, se señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, publicada por el Inegi, en el país la población adulta de 30 a 59 años aumentó de 25.5 a 37.4 por ciento, y la de 60 años o más pasó de 6.2 a 11.3. Este último incremento es un indicio de que el país pasa por un proceso de envejecimiento demográfico.

Además, la encuesta menciona que en el país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más; de ellas, 1.7 millones viven solas; 4 de cada 10 personas de 60 años o más que viven solas (41.4 por ciento) son económicamente activas; 7 de cada 10 (69.4) personas de edad que viven solas presentan algún tipo de discapacidad o limitación.

Resalta que con esas cifras se puede decir que el núcleo poblacional de personas adultas mayores va a aumentar en las próximas décadas hasta convertirnos en una población mayoritariamente de 65 años y más.

Considera que uno de los principales retos es atender a este núcleo poblacional y más cuando la esperanza de vida ha ido en aumento; por ejemplo, una de las acciones “que debemos tener son pensiones que les alcance para llevar una vida digna después de haberse entregado al trabajo durante muchos años”.

Afirma que se está a tiempo de modificar la Constitución para contar con pensiones adecuadas a la población y no a los que señalan los grandes capitales, pues las prestaciones sociales son un derecho humano reconocido en el artículo 1º, párrafo primero, de la Carta Magna y no hay argumentos jurídicos para que las pensiones se calculen con base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), porque solo se actualizan a partir de la inflación y no a través del salario mínimo.

 Expone que “de nada sirve celebrar el aumento al salario mínimo si los pensionados no disfrutan de ese triunfo histórico. Tenemos una gran deuda con millones de jubilados y pensionados; por eso, el objetivo es desvincular las jubilaciones y pensiones de la UMA, y con ello estaríamos pasando del discurso a los hechos”.