El Papa Francisco emitió un nuevo decreto que hace que los fondos destinados a la caridad sean más transparentes y endurece los controles sobre las finanzas del Vaticano después de un escándalo por un acuerdo de propiedades de lujo en Londres.

El objetivo principal es la Secretaría de Estado, la parte más importante de la administración vaticana, que deberá renunciar a la gestión de sus fondos, inversiones e inmuebles y someterse a la supervisión de otras dos oficinas económicas.

Publicado el lunes y firmado por el Papa el 26 de diciembre, el decreto entrará en vigor en dos meses a partir del 1 de enero.

En 2014, la secretaría invirtió unos 200 millones de euros (244 millones de dólares) como socio en un acuerdo para comprar un edificio de lujo en Londres. A medida que el trato se volvió cada vez más oneroso, pagó decenas de millones de tarifas a los intermediarios en un intento por cambiar los términos.

El cardenal George Pell, extesorero del Vaticano, dijo a Reuters a principios de este mes que hubo “pérdidas enormes”. En septiembre, Francisco despidió al cardenal Angelo Becciu, un ex alto funcionario de la Secretaría.

Una investigación sobre el acuerdo de Londres llevó a la suspensión el año pasado de cinco empleados del Vaticano, cuatro de la Secretaría. El Vaticano también ha acusado a los intermediarios de extorsión.

Los bienes de la Secretaría de Estado están siendo transferidos a un departamento denominado Administración del Patrimonio de la Santa Sede y serán supervisados por la Secretaría de Economía.

La Secretaría de Estado también pierde el control del llamado “Óbolo de San Pedro”, un fondo al que los fieles pueden contribuir y que está destinado a ayudar al Papa a dirigir la Iglesia y financiar sus organizaciones benéficas.