• Alarma, sea una herramienta para extorsionar a particulares y negocios familiares vía telefónica.

• Advierte Coparmex que un mal uso del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, podría vulnerar gravemente a usuarios y caer en el “mercado negro”.

• El Colegio de Abogados de México, asegura que esta Ley pondría a México en un Estado antidemocrático y sin Derecho.

Por Guillermo Pimentel Balderas

Con la pandemia de Covid-19 se han desbordado las llamadas telefónicas de extorsiónen el país, al llegar de enero de 2020 a febrero 2021 a 34 mil 410 reportes dados a conocer por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México que, ha registrado 172 mil números telefónicos. Y, de los 33 millones de delitos que se cometen en el país cada año, según el INEGI, el segundo fraude más común es el de extorsión.

Las estadísticas del Centro de Integración Ciudadana, señalan que del primero de enero al 23 de febrero de 2021, el crimen organizado generó en extorsiones telefónicas 9 millones 143 mil 351 pesos a través de 32 mil 714 números telefónicos.

Con estas premisas, cabe señalar que hace días, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en voz de su presidente José Medina Mora, se manifestó en contra de la aprobación y, consecuente operación, del  Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Para ser claro, consideró que: “un mal uso de ello podría derivar en un daño irreparable y que vulneraría gravemente a los usuarios. La base de datos podría terminar peligrosamente vendiéndose en el mercado negro“, advirtió.

Por su parte, en un pocesionamiento -firmado por su presidente, Arturo Pueblita Fernández y la vicepresidenta, Isabel Davara Fernández de Marcos-, el Colegio de Abogados de México, alerto sobre el peligro de esta Ley que alejaría a México del Estado democrático y de Derecho.

Previno que el Panaut podría discriminar, marginar y privar de sus derechos fundamentales a los mexicanos. Vulnera de manera contundente e irremediable varios derechos humanos reconocidos por la Constitución, como la protección de datos personales y la privacidad, la presunción de inocencia y la libertad de expresión.

Ejemplos claros son las pillerías de la “Familia Michoacana”, que no ceja en intimidar a  particulares y a dueños de negocios, particularmente a pequeños comerciantes o familiares por la vía telefónica. Recientemente, por medio del número 5627089130 se ha amenazado a través de un sujeto que pregunta por el “jefe” de la familia o por el dueño del negocio. Amenaza con “levantarlo” en caso de no entrarle con una cuota semanal o mensual. “No estamos jugando, o le entras porque le entras”, amaga. 

Las personas que, por des fortuna, han contestado alguna llamada de esta característica, tuvieron que cambiar el número del teléfono fijo o del celular. Ahora, no solo hay que seguir cuidándose de la pandemia por el COVID-19.

La cuestión es: ¿Quién les proporciona nuestros números telefónicos? o ¿Cómo los consiguen? Si esto sigue sucediendo actualmente con plena impunidad, ¿qué será con el pretendido Panaut, en caso de aprobarse? Probablemente, podría ser una herramienta más para la delincuencia.  

Por lo pronto, la ministra incondicional del presidente -en la  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, Norma Lucía Piña Hernández, rechazo suspender el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México: “No se satisfacen los supuestos excepcionales para conceder la suspensión”, según su apreciación.

O sea que, la SCJN no suspenderá la entrada en vigor de las reformas legales que obligan a crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) con los datos biométricos de cualquier persona que solicite y utilice una línea de telefonía celular.

La ministra Piña Hernández negó a los senadores de oposición y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los trámites a las acciones de inconstitucionalidad presentadas, con el argumento de que la entrada en vigor de la ley impugnada “no es inmediata” y está sujeta a que se emitan normas y reglamentos secundarios. 

Sin embargo, el polémico juez Juan Pablo Gómez Fierro, ha concedido 29 suspensiones definitivas a particulares y asociaciones civiles que se oponen a registrar sus datos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). Con ellas, hasta el momento ya suman 155 medidas cautelares que otorga el juez a usuarios de telefonía móvil.