Los Estados miembros de la Unión Europea dieron este lunes un paso clave para endurecer sus normas migratorias, una propuesta que contempla la creación de “centros de retorno” fuera del bloque y sanciones más estrictas para quienes no acaten órdenes de expulsión. La decisión ocurre en medio del avance político de fuerzas de derecha y extrema derecha en Europa.

Las medidas, impulsadas por la Comisión Europea, buscan reforzar el control de llegadas irregulares y acelerar los procesos de repatriación. Durante una reunión en Bruselas, los ministros del Interior de los 27 países aprobaron preliminarmente el paquete, que aún deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor.

Entre los cambios más polémicos figura el envío de solicitantes de asilo rechazados a centros situados fuera de la UE, así como la posibilidad de trasladar a migrantes a países considerados “seguros”, aunque no sean sus naciones de origen. Pese a que las entradas irregulares en Europa han disminuido 20% respecto al año anterior, la presión política por endurecer las políticas migratorias continúa creciendo.

“Es fundamental transmitir a la ciudadanía que tenemos el control de lo que ocurre”, afirmó el comisario europeo Magnus Brunner, uno de los principales impulsores del giro restrictivo en la política migratoria del bloque.

Críticas de organizaciones y tensiones internas

Las propuestas han generado un fuerte rechazo entre organizaciones de defensa de los derechos humanos y sectores de izquierda, que alertan sobre riesgos y retrocesos en materia de protección a personas migrantes.

“La UE está optando por políticas que aumentarán la vulnerabilidad y la inseguridad jurídica”, denunció Silvia Carta, representante de la red PICUM.

Dinamarca, país que preside actualmente el Consejo de la UE, ha encabezado el impulso de estas medidas. Diplomáticos europeos aseguran que existe una “voluntad política ampliamente compartida” para avanzar, aunque persisten reservas en algunos gobiernos.

España, por ejemplo, cuestiona la eficacia de los “centros de retorno” tras intentos fallidos en el pasado, mientras que Francia ha planteado dudas sobre la legalidad y operatividad de parte de las propuestas. No obstante, ambas posiciones enfrentan creciente presión interna y regional, reconoció el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El proyecto también cuenta con el apoyo de diputados de derecha y extrema derecha en el Parlamento Europeo, quienes buscan que la aprobación definitiva ocurra a inicios del próximo año.

Nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo

Además, los Veintisiete alcanzaron un acuerdo sobre un nuevo mecanismo de distribución de solicitantes de asilo. El objetivo es aliviar la carga de países que reciben la mayor presión migratoria, como Grecia e Italia.

Con el nuevo esquema, los Estados miembros deberán aceptar en su territorio a parte de esos solicitantes o, en caso de negarse, aportar una contribución financiera de 20 mil euros (aproximadamente 23 mil dólares) por cada persona no acogida.

La discusión para definir cómo operará este sistema, que está previsto entre en vigor en junio, ha sido especialmente compleja. Pocos gobiernos están dispuestos a anunciar públicamente que recibirán a miles de solicitantes de asilo, reconoció un funcionario europeo.

Por ahora, la distribución acordada este lunes se mantiene confidencial.