De Política Alejandro Álvarez Manilla

El reciente nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Comisión para la Reforma Electoral, ha generado un debate que trasciende lo técnico para instalarse en el terreno de lo simbólico y lo político. Su salida de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una posición clave en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción, para asumir un rol como árbitro electoral en el país, abre múltiples interrogantes: ¿es este un movimiento estratégico del oficialismo para asegurar influencia en el árbitro electoral? ¿Se trata de una decisión basada en experiencia y trayectoria, o de un intento más por desdibujar los contrapesos institucionales?

Gómez es, sin duda, un personaje con historia. Su paso por la izquierda mexicana, su papel en la fundación del PRD, y más recientemente, su cercanía con el obradorismo lo han colocado en una posición ambivalente: es un político con credenciales democráticas, pero también con una evidente afinidad ideológica con el gobierno actual. Esta cercanía no sería un problema si no estuviéramos hablando del órgano que debe garantizar imparcialidad en los procesos electorales.

La Comisión para la Reforma Electoral, en su diseño, es una institución que debe ser autónoma, técnica y, sobre todo, confiable para todas las fuerzas políticas. La llegada de un perfil marcadamente político, que hasta hace poco se encargaba de investigar flujos financieros de actores públicos y privados, siembra dudas legítimas sobre la neutralidad con la que actuará en su nuevo encargo.

Más aún, su papel al frente de la UIF no estuvo exento de controversias. Aunque impulsó investigaciones relevantes, también fue acusado en diversos momentos de usar su posición con fines políticos, sobre todo contra opositores del régimen. ¿Puede alguien que operó desde la trinchera de la inteligencia financiera desligarse ahora de cualquier sesgo y actuar como árbitro en reformas electorales?

No se trata de poner en tela de juicio su capacidad o su conocimiento del sistema político mexicano, sino de evaluar si su figura garantiza el piso parejo que exige la democracia. El riesgo no está sólo en lo que haga o deje de hacer Pablo Gómez, sino en la percepción de parcialidad que puede proyectar este organismo, en un momento donde la credibilidad institucional es más frágil que nunca.

De cara al 2027, este nombramiento también puede leerse como una apuesta del oficialismo por blindar espacios clave ante una posible alternancia. Si bien es legítimo que un gobierno impulse perfiles afines en espacios estratégicos, también es su responsabilidad preservar la confianza pública en las instituciones que deben estar por encima de las coyunturas.

La democracia no sólo se sostiene en votos, sino en las reglas del juego. Y cuando esas reglas son administradas por jugadores que fueron parte del equipo contrario, la cancha deja de parecer neutral.