Puntales Agustín Vargas

·        En juego 2.5 bdp de los trabajadores

·        Corrupción, sustento de la reforma

·        Administración de Murat, el foco

Una de las narrativas más poderosas que ha utilizado el gobierno de Claudia Sheinbaum para impulsar la reforma a la Ley Infonavit misma que le da manga ancha para el manejo de los casi 2.5 billones de pesos que actualmente maneja ese organismo de vivienda, es la corrupción que por años ha imperado en el dicho instituto.

De ahí parten los cambios a la estructura del Infonavit, que según el dictamen de la reforma que aprobaron los senadores el pasado 13 de diciembre y que el 24 de enero los diputados de dieron luz verde con algunos cambio, es auditar a la institución, ya que ésta –según el discurso oficialista– ha tenido un prolongado periodo de oscurantismo que nadie se atrevía a denunciar, hasta que llegó a ocupar el cargo de director general el señor Octavio Romero Oropeza, previo a su paso por la dirección general de Pemex, el sexenio pasado.

Romero Oropeza ha denunciado que existen varios esquemas de corrupción al interior del organismo. La primera denuncia pública la hizo el lunes 9 de enero; una segunda la presentó el 27 de enero.

Lo más curioso del caso, es que justo ese periodo de oscurantismo al que fue sometido el Infonavit, con infinidad de casos de corrupción según las denuncias de Romero Oropeza, fue durante la gestión de Alejandro Murat como director general del organismo.

Alejandro Murat fue nombrado en 2012 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, cuando aquél era integrante destacado del PRI. Murat dejó el cargo para irse como gobernador priista de Oaxaca, Hoy, es un flamante senador de Morena, razón por la cual desde ahora ya fue exonerado por la presidenta Claudia Sheinbaum de cualquier fraude u otro delito que se haya cometido a su paso por el Infonavit.

Uno de los casos de corrupción más destacado, enunciado por Romero Oropeza, es el contrato de 100 millones de pesos que se le adjudicó a la empresa Telra Reality en 2016, aunque las gestiones de la transacción comenzaron desde 2l 2015. Dos años después de adjudicado, la mencionada empresa no había cumplido con el contrato, razón por la cual debió ser penalizada. Lejos de eso al Infonavit se le obligó a pagar una indemnización de 5 mil millones, que en principio ascendieron a 7 mil mdp, pero hicieron una rebaja y la dejaron en 5 mil mdp, por lo que dicha empresa a través del despacho legal White & Case S.A, devolvió al organismo sólo 2 mil millones de pesos.

Según la información proporcionada por Romero Oropeza, existe una red delictiva que ya se investiga, dijo, en donde intervienen trabajadores del instituto, notarios, despachos y peritos valuadores que se han coludido con el fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda llegando al caso extremo de venderla hasta en mil 600 veces.

Nuevas denuncias

Se descubrió también una estrategia de juicios masivos implementada en 2012 que afectó gravemente a 373 mil derechohabientes, de los cuales 249 mil perdieron sus viviendas. Estos fraudes fueron descubiertos durante el seguimiento que se ha dado al congelamiento de saldos y mensualidades de más de dos millones de créditos del Infonavit,

Estos hechos fueron revelados apenas el pasado lunes 27 de enero por la presidenta Sheinbaum, quien destacó que se han presentado denuncias penales ante la fiscalía general de la República (FGR) para identificar y sancionar a los responsables de estos fraudes cometidos en administraciones anteriores.

“Estamos trabajando para que se haga justicia. En algunos casos ya hemos entregado nombres a la Fiscalía, y en otros, seguimos investigando para identificar a los culpables de estas irregularidades que dañaron a las y los trabajadores”, señaló Sheinbaum.

Según las investigaciones, la estrategia de los juicios masivos incluyó múltiples irregularidades: Los acreditados no fueron notificados de las demandas; personas al corriente en sus pagos fueron incluidas en los juicios; las demandas se realizaron en estados donde los trabajadores no residían, como Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, Ciudad de México y Morelos.

El 80% de las demandas (302 mil casos) fueron interpuestas en entidades diferentes a las de residencia de los afectados. Como resultado de ello 42 mil viviendas fueron vendidas en subastas masivas; 207 mil viviendas no han podido ser escrituradas por irregularidades en los procesos judiciales. Además, se detectó que 22 mil 386 acreditados que fueron demandados están actualmente al corriente en sus pagos.

Se informó también que el Infonavit pagó 29 mil 263 millones de pesos a los despachos involucrados en estos juicios durante ocho años, una cifra superior al presupuesto anual del propio instituto (17 mil millones de pesos).

Entre los principales despachos responsables destacan: GABSSA, que recibió más de 2 mil millones de pesos y ACSER, que obtuvo 103 millones de pesos a través de la gestión de un dirigente sindical del Infonavit. Todos estos casos fraudulentos, según la información oficial se fraguaron desde el 2012, concretamente en la gestión del flamante senador de Morena Alejandro Murat.

 La reforma que viene

La iniciativa presidencial aprobada el viernes 13 de diciembre de 2024 en el Senado de la República para reformar la Ley Infonavit y la Ley Federal del Trabajo, avalada ya por los diputados, quienes le hicieron ligeros cambios, implica la modificación del gobierno tripartita del organismo y con ello, que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tenga control no sólo sobre sus decisiones, sino también sobre los recursos de los trabajadores que administra el propio Infonavit.

Los cambios de los diputados estuvieron más enfocados a la estructura de gobierno de organismo, pero el manejo de los recursos que administra el Infonavit estará cargo del director general.

El proyecto de decreto se aprobó, en lo general, con 46 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, y se remitió a la Mesa Directiva para los efectos conducentes. Será este uno de febrero que se someta al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación y posterior promulgación como decreto.

El dictamen establece que los recursos del Instituto o que estén bajo su administración, se podrán destinar a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial que, por su naturaleza jurídica, no será considerada entidad paraestatal, y gozará de plena capacidad de gestión para el ejercicio de sus funciones, en términos del derecho privado.

Dicha empresa deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos y políticas de orden público e interés social del Infonavit, y observará los principios de legalidad, honradez, transparencia, eficiencia, eficacia, economía, austeridad y combate a la corrupción.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx