Un Juez federal ordenó este lunes un juicio por el delito de defraudación fiscal contra el financiero Rafael Olvera Amezcua, principal accionista de la microfinanciera Ficrea, intervenida en 2014 por el Gobierno mexicano por un desfalco millonario a miles de ahorradores.

La presunta defraudación fiscal es por poco más de 185 millones de pesos (unos 8 millones de euros/ unos 8,7 millones de dólares), por impuestos omitidos en el 2013.

El juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio (cárcel) Sur, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) “ofreció los datos mínimos suficientes para suponer que Olvera incurrió en el delito de defraudación fiscal equiparable.”

El delito de defraudación fiscal equiparada está previsto en el artículo 109 fracción I, en relación con el 108, del Código Fiscal de la Federación.

En su decisión, el juez dijo que era innecesario debatir la medida cautelar porque se impuso desde la audiencia pasada y además concedió 3 meses de investigación complementaria.

Este lunes, autoridades mexicanas ejecutaron dos órdenes de aprehensión contra Olvera Amezcua.

Una de las órdenes de aprehensión es por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos (unos 9,9 millones de euros/ unos 10,8 millones de dólares).

Mientras que otra, ejercida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene que ver con el delito de fraude genérico, cometido contra accionistas y ahorradores de dicha financiera.

Olvera Amezcua afronta al menos cinco órdenes de aprehensión en México por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de origen ilícito.

La semana pasada el exdueño de Ficrea fue deportado de Estados Unidos a México tras permanecer detenido desde 2019 pues afrontaba una ficha roja (orden de búsqueda y captura) emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a petición de la Fiscalía mexicana.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino en noviembre de 2014 a Ficrea, una sociedad financiera de ahorro popular, al detectarse irregularidades en sus informes financieros.

Según las autoridades, del total de fondos aportados por miles de ahorradores, 2.700 millones de pesos (unos 120,3 millones de euros/ unos 130,8 millones de dólares al tipo de cambio actual) se usaron en transferencias al extranjero, compra de bienes e inmuebles no relacionados con las actividades de la sociedad, así como gastos personales de socios.