Un juez ordenó un juicio por delitos contra la salud a tres feministas detenidas durante la recuperación de un inmueble de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico de la capital mexicana, informó este lunes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX)

En videoconferencia, el portavoz de la fiscalía capitalina, Ulises Lara López, indicó a medios que a Areli “N”, Karla “N” y Magda “N” les fue ordenado un juicio por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Además, dijo que los datos de prueba aportados por el representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, permitieron que la autoridad judicial también les dictara “prisión preventiva justificada”.

Por lo tanto permanecerán internas en el Centro de Reinserción Social (cárcel) de Santa Martha Acatitla durante los 30 días que se fijaron para el cierre de la investigación complementaria.

Lara López también informó que este lunes por la mañana, de manera formal, fue entregado a la CNDH, el inmueble que fue legalmente recuperado, en cumplimiento a una orden de cateo solicitada y obtenida por el Ministerio Público.

El grupo feminista Okupa, con el apoyo de familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, tomaron el edificio de la CNDH, en el centro histórico de Ciudad de México, el 4 de septiembre de 2020 como un reclamo de justicia para los múltiples casos de feminicidio y violencia de género en el país, donde según organizaciones matan a más de 10 mujeres al día.

El objetivo de la ocupación, que causó revuelo nacional, era crear un espacio seguro donde mujeres que hubieran sufrido violencia pudieran acudir y recibir apoyo de todo tipo. En su momento, la movilización de Okupa desató una onda de protestas que se replicó en al menos 26 de las 32 entidades del país, donde las mujeres adoptaron como herramienta la toma de instalaciones públicas para exigir justicia.

En 2021 el Gobierno mexicano registró más de 1.000 víctimas de feminicidio, como se tipifica el asesinato motivado por violencia de género, un 2,66 % más que en 2020.