La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como un asunto “no menor” la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el crimen organizado en Chihuahua, al subrayar que se trata de un tema de seguridad nacional y soberanía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que su gobierno envió un “extrañamiento” al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para solicitar información sobre la presencia y funciones de los elementos extranjeros involucrados.

Sheinbaum enfatizó que se está verificando si los agentes contaban con acreditación oficial, y reiteró que ninguna corporación extranjera puede operar en territorio mexicano sin apego a la ley. “No puede haber agentes de alguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo”, sostuvo.

El caso salió a la luz tras un accidente en el que murieron dos agentes estadounidenses y dos elementos estatales, cuando regresaban de un operativo en la sierra de Chihuahua, donde presuntamente se desmantelaban laboratorios vinculados al crimen organizado.

La titular del Ejecutivo recordó que la colaboración bilateral en materia de seguridad debe regirse por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, la cual establece que agentes extranjeros solo pueden realizar funciones de enlace y deben estar acreditados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin ejercer atribuciones exclusivas de las autoridades mexicanas.

Detalló que en la comunicación enviada al diplomático estadounidense se solicitó información precisa sobre las actividades de los agentes, su estatus y fechas de ingreso al país, luego de que medios internacionales señalaran que estarían vinculados con la Agencia Central de Inteligencia.

Asimismo, Sheinbaum advirtió que ningún gobierno estatal puede establecer acuerdos de seguridad con autoridades extranjeras fuera del marco federal, por lo que anunció que dialogaría con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para esclarecer lo ocurrido.

La presidenta también indicó que integrantes del gabinete de seguridad federal ya han entablado comunicación con autoridades estatales, y reiteró que este no es un tema político, sino de cumplimiento legal.

Finalmente, no descartó posibles sanciones, al señalar que el caso será revisado conforme a la ley, pero insistió en que hechos de esta naturaleza no deben repetirse.