La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió este domingo indagar posibles abusos y violencia sexual en la presunta detención arbitraria de 95 estudiantes durante una manifestación en Chiapas, en el sureste.

“La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, en un pronunciamiento.

El organismo se refirió a la protesta del martes pasado, cuando policías estatales aprehendieron a 97 personas, 93 de ellas estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” (72 mujeres y 21 hombres) y cuatro personas de familias desplazadas del ejido Puebla de Chenalhó.

Un juez declaró legal la detención de 95 personas y solo liberó a dos adolescentes, reportó el organismo.

En la manifestación, 250 estudiantes realizaron bloqueos de vías de comunicación en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, para exigir al Gobierno del estado mejoras en su educación y un acceso equitativo ante los estragos de la pandemia de covid-19.

Desde entonces, organizaciones civiles han denunciado maltrato, abusos de poder, uso excesivo de la fuerza e inclusive agresiones sexuales de policías contra las detenidas.

“Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, declaró el representante de la ONU-DH.

La ONU-DH aseveró que ha recibido información de testigos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas detenidas.

El organismo reportó denuncias sobre posibles violaciones a los derechos de las personas detenidas durante su estancia en instalaciones de la Fiscalía General de Chiapas y en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados 14, llamado “El Amate”.

La organización llamó “a garantizar el debido proceso a todas las personas detenidas” como el respecto a la presunción de inocencia y garantías para las personas que hablan lenguas indígenas.

El representante internacional legitimó los reclamos de los manifestantes, quienes protestaron contra la decisión de las autoridades educativas de establecer que el examen de admisión a la escuela normal fuese solo por internet, lo que podría dejar sin oportunidad a personas sin computadora o red.

“Las jóvenes y los jóvenes indígenas, que han enfrentado la discriminación estructural y muchas veces viven en condiciones de exclusión y pobreza, tienen derecho a acceder a todos los niveles educativos sin enfrentar barreras que en la práctica constituyen discriminación”, concluyó Fernández-Maldonado.