Organizaciones civiles acusaron a México de incumplir con las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos en medio del cuarto Examen Periódico Universal (EPU) que la ONU realizó este miércoles, en el que, además, las sugerencias se elevaron a más de 300.

“El balance es que México no ha cumplido y tiene todavía retos para dar cabal cumplimiento a las recomendaciones”, señaló en una conferencia de prensa Cristopher Sánchez, coordinador del área jurídica en Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).

El especialista destacó que en la revisión, realizada en Ginebra, se destacaron las recomendaciones sobre desaparición forzada, violencia contra activistas y periodistas, movilidad humana (migración), violencia contra las mujeres y la militarización del país.

En el cuarto EPU, 116 países del mundo evaluaron a México y emitieron recomendaciones sobre la labor del Estado mexicano en la defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con los expertos, aunque durante la evaluación las autoridades mexicanas informaron sobre los avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, también quedó claro que persisten “graves” violaciones a los derechos humanos.

Según el análisis, realizado por más de 300 organizaciones civiles, existe además una falta de avances en protección a los derechos humanos en migración, la comunidad LBGTI y defensores del medio ambiente.

Más de 300 recomendaciones

Zúe Valenzuela, oficial de vinculación estratégica e incidencia de Poder Latam, precisó que en la evaluación previa de 2018 los países de la ONU hicieron 264 recomendaciones a México, pero ahora sumaron más de 300.

“Esto representa una gran preocupación porque quiere decir que la crisis de derechos humanos en México, lejos de atenuarse, se ha profundizado”, aseveró.

En ese sentido, Eduardo Guerrero, abogado del área internacional en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que en el examen anterior no hubo temas contundentes donde los países mostraran preocupación, pero ahora aumentaron las inquietudes de los Estados, en particular por la militarización.

“Es un claro reflejo de cómo la militarización y sus consecuencias tiene un impacto negativo en la situación de derechos humanos. Es importante destacar que frente a eso, justo la recomendación de Reino Unido fue así, explícita, sobre qué acciones va a tomar México para desmilitarizar a la Guardia Nacional, expuso.

Daniela Osorio, investigadora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), destacó que por primera vez hubo señalamientos sobre el creciente rol de las Fuerzas Armadas “y cómo la política migratoria se ha militarizado, por lo que preocupa la falta de control y rendición de cuentas de dichos cuerpos militares”.

Aunado a ello, expusieron que 28 países se pronunciaron sobre la urgencia de garantizar la libertad de expresión, especialmente por el uso de software de espionaje como Pegasus.

En el tema de desapariciones, lamentaron que la delegación mexicana se haya dedicado a justificar las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas.

“No se abordó nada sobre la impunidad y las estrategias para combatir esta problemática”, dijo Guerrero.

Los especialistas recordaron que ahora el Estado mexicano deberá responder a estas recomendaciones en junio próximo, lo que representa una oportunidad para adoptar medidas para mejorar la situación.