La variante ómicron del SARS-CoV-2 golpea con fuerza en Estados Unidos, el país con más casos acumulados de COVID-19 de todo el mundo y donde se producen más de 900 mil nuevas infecciones y 2 mil muertes al día.

Según los datos más recientes de la Universidad Johns Hopkins, en la jornada del viernes se registraron en el país 900 mil 832 nuevas infecciones de COVID-19 y 2 mil 615 muertes, después de que el lunes pasado se superaran por primera vez desde el inicio de la pandemia el millón de infectados diarios.

En concreto, ese día se reportaron 1,082,549 nuevos casos, aunque la cifra puede estar distorsionada debido al retraso en la entrega de datos debido al fin de semana y la fiesta de fin de año.

Las autoridades sanitarias estadunidenses han insistido en la importancia de la vacunación y han urgido a los ciudadanos a recibir la dosis de refuerzo de los sueros disponibles.

El 62 por ciento de la población del país ha recibido la pauta completa de vacunación, mientras que el 33 por ciento cuenta ya con la dosis de refuerzo.

Por su parte, la variante ómicron supone ya el 95 por ciento de los casos de COVID-19 en Estados Unidos.

“En las últimas semanas y durante las vacaciones hemos visto un incremento rápido y significativo de los casos de la COVID-19. Este aumento es por el influjo de casos causados por la variante delta, y lo que es más importante, por el repunte de casos de ómicron”, dijo esta semana en una rueda de prensa la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky.

En paralelo, el gobierno que dirige el demócrata Joe Biden ha dejado en manos de los contagiados que sean asintomáticos la decisión de hacerse un test tras pasar la cuarentena de cinco días.

“Si alguien toma una medida adicional y se hace un test al final de los cinco días de aislamiento (…), si da positivo la persona deberá permanecer en casa otros cinco días más”, indicó Walenksy.

“Y si el test es negativo -siguió-, la gente debería entender que deben seguir llevando mascarilla durante cinco días adicionales para completar los diez días de aislamiento”.

Pese al drástico aumento de las infecciones, el futuro de los mandatos de vacunación contra la COVID-19 ordenados por Biden, que afectarían en conjunto a unos 100 millones de personas, se encuentran en el centro de una batalla legal que deberá decidir el Tribunal Supremo.

En dos audiencias celebradas el viernes de casi cuatro horas en total, la mayoría conservadora del Supremo se mostró escéptica con la norma de Biden para que se vacunen la mayoría de los empleados de empresas privadas del país, y expresó un poco más de afinidad con otra medida dirigida a algunos trabajadores sanitarios.

El primero de esos mandatos, que obligaría a vacunarse o a presentar semanalmente resultados negativos de tests de COVID-19 a los empleados de todas las compañías que tengan 100 trabajadores o más, empezará a implementarse probablemente en febrero, a no ser que el Supremo lo frene.

Varios grupos empresariales y 27 estados liderados por conservadores han demandado al gobierno de Biden para anular la medida.

La mayoría de los jueces del Supremo expresaron dudas sobre la autoridad legal del Ejecutivo para imponer ese tipo de mandato, y cuestionaron por qué no se deja esa tarea al Congreso o a cada estado.

En una segunda audiencia, el Supremo escuchó argumentos sobre otro mandato de Biden para que se vacunen los empleados de más de 50 mil instalaciones sanitarias de EU, aquellas que reciben subsidios federales de los programas Medicare o Medicaid, y en las que trabajan unos 17 millones de personas.