Si bien el gobierno de Estados Unidos ha canalizado 310 millones de dólares a Centroamerica, los funcionarios y expertos están divididos sobre si este dinero — fondeado a través de los impuestos de los estadounidenses — se ha desviado para impulsar una “revolución de izquierda” o si se usa para promover reformas muy necesarias en sistemas legales locales corruptos.

El Departamento de Estado de la Unión Americana ha dicho que los fondos están destinados a promover la democracia y la seguridad fronteriza.

La administración del presidente estadounidense Joseph R. Biden Jr. utiliza su programa de ayuda exterior y una “agenda de izquierda” para subsidiar la “inestabilidad y la miseria económica” en Guatemala, dijeron el analista guatemalteco Luis Figueroa y el empresario estadounidense expatriado Steve Hecht.

Ambos citan un foro anticorrupción celebrado el mes pasado en Washington, D.C. En él participaron los exfuncionarios guatemaltecos Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval. Los funcionarios del Departamento de Estado elogiaron a Sandoval por haber procesado casos de corrupción. Pero, tanto Aldana como Sandoval han sido acusados por la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras.

Ninguno de los exfuncionarios ha sido procesado en Guatemala, pues ambos extendieron su estadía en Estados Unidos. Y este país no ha hecho un esfuerzo por detenerlos o entregarlos a funcionarios guatemaltecos para que sean enjuiciados.

En respuesta a la acusación de Porras contra Aldana y Sandoval, el Departamento de Estado estadounidense negó una visa a Porras, quien no ha sido acusada de ningún delito ni en Guatemala ni en Estados Unidos. De hecho, algunos funcionarios estadounidenses la han elogiado. La Embajada de Estados Unidos la felicitó y el Departamento de Justicia y la Agencia Antidrogas le agradecieron por haber extraditado a criminales a Estados Unidos.

Sin embargo, el secretario de Estado Antony Binken dijo más tarde que merecía formar parte de la lista de “actores corruptos”. Porras “obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción al interferir con investigaciones criminales”, dijo Blinken en un comunicado.

In support of the democratic aspirations of the Salvadoran and Guatemalan people, we are naming five Salvadoran Supreme Court Magistrates, Guatemalan Attorney General Porras, and Secretary General Pineda to the Section 353 Undemocratic and Corrupt Actors list.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2021

“Todo el mundo sabe que la pusieron en la lista de malos actores porque despidió a Sandoval”, dijo Hecht.

Funcionarios del Departamento de Estado señalan los comentarios de la cabeza de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Samantha Power. En una ceremonia de premiación durante el Diálogo Interamericano en septiembre, Power dijo que a Porras se le negó la visa por “obstruir las investigaciones de corrupción” y por despedir a Sandoval, quien tiene un largo historial de apoyo a la izquierda y fue acusado de corrupción.

Esto ha llevado a algunos observadores a creer que Estados Unidos ha tomado partido en una lucha interna de derecha e izquierda en Guatemala. Pero los funcionarios del Departamento de Estado insisten en que solo tratan de ayudar en los “esfuerzos anticorrupción” y de promover “el estado de derecho”.

Porras fue nombrada para su cargo actual en 2018, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, cuyo Frente de Convergencia Nacional fue fundado por un grupo de ex oficiales militares.

Sandoval se desempeñó como fiscal desde 2015. Durante su periodo, tanto él como Aldana presentaron cargos de corrupción contra el expresidente Otto Pérez Molina, mientras que organizaciones cívicas como Movimiento Semilla exigieron su destitución en protestas tumultuosas.

Después de ser reemplazada por Porras, Aldana fue nombrada candidata presidencial por Movimiento Semilla, pero la Corte Constitucional de Guatemala la descalificó. Movimiento Semilla es consciente de “las odiosas desigualdades generadas por un capitalismo descontrolado centrado en acumular riqueza”, dice su sitio web.

Porras ha dicho que su agencia sigue enfrentando “presiones” del Departamento de Estado que, según ella, van en detrimento de erradicar la corrupción.

“Sandoval era su criminal. Sabían que había cometido delitos, pero esto es parte de la agenda. Ellos creen que esos crímenes están justificados por la pureza de su agenda y la maldad de sus oponentes”, dijo Hecht.

“Guatemala nunca ha tenido un estado de derecho”, dijo Hecht, “pero lo que Estados Unidos está haciendo no ayuda”.

Esta batalla política se desencadenó cuando la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y Power visitaron Guatemala en junio. Mientras que los medios estadounidenses citaron las palabras de Harris cuando dijo a los guatemaltecos “no vengan” a los Estados Unidos sin una visa vigente, los funcionarios guatemaltecos notaron su conexión con Sandoval.

Poco después, Porras despidió a Sandoval. Este abandonó el país y ahora enfrenta cargos por abuso de autoridad. Pronto siguieron las sanciones de Estados Unidos a Porras.

“Creo que USAID y lo que yo llamo la oligarquía de los derechos humanos se han estado preparando durante los últimos 10 años para un cambio revolucionario en el gobierno sin necesidad de elecciones”, dijo el analista político guatemalteco Luis Figueroa. “Al destituir a un presidente y vicepresidente por cargos de corrupción, el Congreso elegiría reemplazos aceptables para los grupos … que presionan por el cambio, pero no elegidos por los votantes”.

La retórica anti-USAID “es absurda y falaz”, dijo Justin Wolfe del Centro de Estudios Latinoamericanos Roger Thayer Stone de la Universidad de Tulane. “La CICIG [la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo anticorrupción independiente] ha realizado un trabajo profundamente importante y se ha enfrentado contra esfuerzos considerables por desmantelar sus empeños. Guatemala ha sufrido y aún sufre una terrible corrupción. La administración de Jimmy Morales fue una de las peores en la memoria reciente, ciertamente desde el regreso de la democracia electoral en Guatemala”.

“Estados Unidos apoyó durante mucho tiempo las grotescas violaciones de derechos humanos y la corrupción en Guatemala con el pretexto de mantener a raya al comunismo”, dijo Wolfe. El investigador citó el caso de las “acciones genocidas” del general Efraín Ríos Montt como presidente de Guatemala en 1982–1983, después de tomar el poder mediante un golpe militar.

Wolfe dijo también que quienes ahora hablan en contra de la CICIG — que ha sido respaldada por la ONU — y contra USAID apoyaron el régimen de Ríos Montt, pero no aportó pruebas al respecto.

Preocupaciones políticas

Otro orador en la conferencia de Washington fue Iván Velásquez, jurista colombiano que encabezó la CICIG. Él también es una figura controvertida en Guatemala.

Hecht y Figueroa dijeron a Zenger que Velásquez y su ahora cerrada CICIG aún dividen la política guatemalteca.

Hecht dijo que el Departamento de Estado y USAID, especialmente durante los años de Bush y Obama, y nuevamente bajo el presidente Biden, han apoyado políticas que “crean caos y favorecen los objetivos de izquierda”, tanto en Guatemala como en América Latina en general.

Hecht testificó en junio ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, “[El embajador Todd] Robinson utilizó a la CICIG como ariete para tratar de cambiar la constitución de Guatemala y hacer una ley electoral en 2016. Esto fue posible porque el extraordinario poder de la CICIG derivó de su inmunidad diplomática y apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos. [La comisión] podía hacerle cualquier cosa ilegalmente a cualquiera y lo hizo”.

En 2019, ciudadanos que alegaban abusos por parte de la CICIG testificaron ante una comisión del Congreso guatemalteco. El fiscal Velásquez denunció a la comisión. Velásquez alegaba que esta viola la separación constitucional de poderes y la calificó como “una interferencia ilegal del poder legislativo” en una entidad independiente. “El objetivo final de la comisión … es trastornar los casos (legales) que están en curso”, dijo Velásquez.

Hecht dijo a Zenger: “Muchos guatemaltecos temen a la CICIG porque parece perseguir a las personas que no están de acuerdo con ella”.

Traducción de Gabriela Alejandra Olmos; editado por Gabriela Alejandra Olmos y Melanie Slone