El 1 de septiembre de 2025 comenzó oficialmente la mayor transformación del Poder Judicial federal en más de un siglo: nueve ministras y ministros electos por voto popular asumieron el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un contexto marcado por la tensión política, la baja participación ciudadana y profundas reformas institucionales.

Una Corte electa en las urnas

La reforma constitucional de 2024 introdujo por primera vez en 143 años la elección popular de los ministros de la Corte, reduciendo además su número de 11 a 9 y eliminando las dos salas que atendían materias civiles, penales, administrativas y laborales. Desde ahora, todos los asuntos deberán discutirse en el Pleno, lo que especialistas advierten podría generar saturación y retrasos.

Los nuevos ministros permanecerán 12 años en el cargo sin reelección, y la presidencia de la Corte será rotativa cada dos años, con el objetivo de evitar la concentración de poder.

El pleno inicia su gestión con un rezago de hasta 1,500 expedientes pendientes, de los cuales solo 382 están listos para discutirse. La reforma fijó un plazo máximo de seis meses para resolver cada caso, bajo riesgo de sanciones administrativas, lo que implicará una presión de trabajo inédita.

Pluralidad y símbolos de cambio

El tribunal quedó conformado por cinco mujeres y cuatro hombres, entre ellos Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco y defensor de la justicia intercultural, quien obtuvo la mayor votación y encabezará la presidencia en el primer bienio. Aguilar anunció que no usará toga, sino vestimenta ceremonial indígena, gesto que dividió opiniones entre quienes lo celebran como inclusión histórica y quienes lo ven como una ruptura con la formalidad institucional.

Las y los nuevos ministros provienen de trayectorias diversas: academia, litigio social, judicatura e incluso militancia política. Para el gobierno, esta composición plural justifica la reforma; para la oposición, representa el riesgo de una Corte alineada al oficialismo.

Democracia o debilitamiento institucional

La participación electoral fue baja —apenas 12.4% del padrón—, lo que alimentó críticas sobre la legitimidad del proceso. Además, especialistas advierten que los jueces electos podrían estar sujetos a presiones partidistas y perder independencia frente al Ejecutivo.

“Una Corte percibida como brazo político del gobierno no podrá ser árbitro confiable en conflictos constitucionales”, señalaron académicos como José Roldán Xopa y Catalina Botero.

En contraste, desde el oficialismo se celebra la elección como un acto de justicia histórica:

“Los ministros dejaron de ser designados en negociaciones cupulares y hoy emanan directamente del pueblo”, destacó la presidenta de la Cámara de Diputados.

Expectativas ciudadanas

Más allá del debate político, la sociedad espera una Corte más ágil, transparente y cercana. Organizaciones civiles como México Evalúa advirtieron que la legitimidad no se gana en las urnas, sino en las decisiones que tomen los ministros a partir de este nuevo ciclo.

El reto de la SCJN será demostrar que, pese a su origen electoral, puede actuar con independencia, imparcialidad y sensibilidad social, garantizando que la justicia deje de ser privilegio de unos pocos y se convierta en un derecho real para todas y todos.