Miscelánea, Salud y Política Judith Álamo López

Ante el ocaso de su gobierno, fallido para millones de personas asoladas o victimizadas por la cada vez más violenta delincuencia organizada ante la complacencia o ausencia de la autoridad, López Obrador exacerba los temores ciudadanos e invoca: ahora sí, ahí viene el  “golpe de Estado” desde el Poder Judicial y la oposición para cometer “fraude electoral”, que anule los resultados de las elecciones federales.

El mandatario está molesto con los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial, quienes no han cesado de solicitarle respete las leyes vigentes y se abstenga de abordar temas relacionados con periodistas, con la candidata Xóchitl Gálvez y el proceso electoral. Claro, para él dejar de opinar representa una amenaza.

Como acostumbra, maneja la creación por parte del tribunal electoral federal (TEPJF)de un catálogo general de sujetos sancionados durante el Proceso Electoral 2023-2024, para tomarse en cuenta al calificar la validez de los comicios federales, como si hubiera la intención de anular los resultados. ¿Será porque el infractor contumaz está determinado a seguir siendo el candidato en jefe de la campaña presidencial de Morena y aliados?

En lugar de celebrar la templanza o tibieza que llevó a magistrados del TEPJF a rechazar, por mayoría de votos, crear un cuadernillo auxiliar de infracciones presidenciales, AMLO arremete contra la autoridad electoral y evidencia su voluntad de seguir interviniendo en la contienda político electoral.

Con bombo y platillo anuncia el jefe del Ejecutivo la inauguración de obras y emite opiniones sesgadas y acusaciones falsas sobre los opositores, incurriendo en delitos electorales: promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, entre otros.

Mucho se ha hablado del incuestionable triunfo democrático de López Obrador en 2018, pero también de cómo la investidura presidencial ha querido transformarla en una coronación imperial. Al paso de los años hemos visto cómo ha centrado su lucha en ejercer toda la fuerza presidencial en contra de todo aquel ente que se oponga a su derecho divino a ejercer poderes metaconstitucionales o quiera exigirle cumplir sus promesas de campaña.

El uso de la frase “golpe de Estado” por parte de AMLO no es inédito, la consultora SPIN, de Luis Estrada, informó que la ha usado 167 veces en mil 298 mañaneras; cuatro veces “golpe de Estado técnico”, especialmente contra los jueces y funcionarios judiciales; y una sola ocasión usó “golpe blando” para referirse a críticas a su gobierno por parte de medios de comunicación (El Universal 13-03-24).

La diferencia es el uso que el presidente está dando a esa frase a 11 semanas de las elecciones, tratando de azuzar a sus huestes y seguidores en contra de la credibilidad con que se desarrolla un proceso democrático en el que miles de personas intervienen para garantizar la credibilidad, legalidad y transparencia en los resultados, eso sí que es condenable.

Ya es una deslealtad al pueblo comprometerse a gobernar para todos y ocuparse de dividirlo, confrontarlo, engañarlo mediante el uso de una machacona e imparable propaganda presidencial, una narrativa desapegada de la realidad y la verdad; pero es más dañino crear miedo ante una falsa amenaza de confabulación internacional contra su gobierno.

Sin duda hay un clima de violencia homicida sin precedente en la historia del país, de inseguridad y estado real de crispación social frente a la impunidad con que actúan los grupos delictivos que igual secuestran a periodistas qué exhiben videos indignantes, dando golpizas a trabajadores del transporte público, pero este clima de ingobernabilidad es totalmente atribuible al gobierno morenista por incapacidad o connivencia.

Con 21 asesinatos de candidatos, casi medio centenar de homicidios en los estados de Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán, Guerrero y Jalisco, cómo estará el clima preelectoral a nivel nacional que la Conferencia del Episcopado Mexicano y otras organizaciones religiosas promovieron y lograron que los tres candidatos presidenciales firmaran un Compromiso por la Paz.

Xóchitl Gálvez candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien se asume católica, y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano firmaron sin condicionamientos el documento el pasado 11 de marzo, este contiene siete ejes temáticos y 117 propuestas surgidas en foros con más de 20 mil participantes.

Sólo la candidata de la coalición Morena, PT, PV, Claudia Sheinbaum condicionó su firma a un Adendum donde señaló no compartir el diagnóstico pesimista sobre la inseguridad ni que las redes criminales y la delincuencia común han aumentado; rechazó incrementar recursos al Poder Judicial, al que califica de derrochador, entre otros puntos. Avaló totalmente la política obradorista y fue congruente con su compromiso de dar continuidad al actual gobierno.

Ya transcurrieron 13 de los 90 días de campaña en las que se elegirán 19 mil 746 cargos locales y 629 federales y los medios saturan el espacio electromagnético, internet, redes sociales, diarios y revistas, con ofertas de campaña dirigidas a los más de 100 millones 41 mil 85 electores (según cifras preliminares del INE). 

La única forma de hacer ganar nuestra visión de país es votando. Quizás sin querer nos la pusieron fácil: ¿queremos que continúe la política de Abrazos no Balazos que promueven AMLO y Claudia Sheinbaum o deseamos una nueva estrategia de seguridad pública donde se reduzcan la tasa de homicidios, desapariciones, abusos de autoridad y se recupere el dominio en territorios hoy gobernados por las bandas criminales? ¿Queremos un o una gobernante que siga mintiendo, que solape la presunta corrupción de la familia presidencial o evite asumir compromisos de frente al calentamiento global o la escasez del agua? ¿Queremos seguir padeciendo por la falta de medicamentos o los malos servicios del IMSS o el ISSSTE? ¿Queremos un sistema educativo improvisado y dogmático para nuestros hijos? ¿Queremos que crezca la industria petrolera como símbolo nacional, aunque sea deficitaria y altamente contaminante?  La continuidad es que siga todo como está ¿o queremos el cambio?