Que se suspendan derechos cuando la persona esté involucrada en delitos que ameriten prisión preventiva, pide vicepresidenta de San Lázaro.

Las conductas de vagancia o ebriedad consuetudinaria, no deberían ser objeto de suspensión de derechos políticos de los ciudadanos, pidió la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Karla Almazán.

La legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propuso reformar el artículo 38 constitucional para derogar las disposiciones vigentes.

También propuso que la suspensión de derechos incluyendo los políticos, surta efecto en caso de involucramiento en delitos que ameritan prisión preventiva y a partir de que la persona sea vinculada a proceso.

Almazán Burgos señaló que los cambios referidos buscan eliminar normas administrativas sin sentido, que ya resultan discriminatorias y violatorias del artículo 1 de la Carta Magna, que consagra los derechos fundamentales. Se pretende aclarar que cuando las personas estén sujetas a proceso penal con prisión preventiva, al suspender sus derechos políticos no se viola la presunción de inocencia

“Es notorio el abuso en el que incurren las personas que han cometido un delito que merezca pena corporal, en un afán de inscribirse en una contienda electoral, para que en el supuesto caso de que ganen, busquen evadir la acción de la justicia”, afirmó.

Lo anterior, sumándose a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, lo que resulta cada vez más frecuente e inaceptable, remarcó. Es por ello que los derechos políticos de personas en prisión deben suspenderse desde el momento en que sean vinculados a proceso, con el fin de evitar que busquen quedar impunes, al obtener el fuero que implica el cargo de diputado federal o senador.

La pérdida temporal de derechos mientras se desarrolla un proceso penal, no debe verse como un elemento de exclusión política, sino como una medida para proteger los derechos del resto de los ciudadanos, aseveró.