La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió de forma tajante al informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a la reciente elección popular de integrantes del Poder Judicial. La mandataria exigió al organismo internacional que se abstenga de opinar sobre decisiones soberanas del país, al considerar que no tiene atribuciones para hacerlo.

Durante un acto oficial de entrega de presupuesto a comunidades indígenas en Morelos, Sheinbaum recordó que los estatutos de la OEA impiden intervenir en asuntos internos de las naciones del hemisferio.

“La OEA mandó unos observadores a México el día de la elección, y está bien que opinen si fue pacífica o si hubo irregularidades. Pero ahora quieren opinar sobre el sistema que decidimos los mexicanos para elegir a los miembros de la Corte, magistrados y jueces. No tienen atribución para ello”, afirmó.

Sheinbaum recalcó que la reforma judicial forma parte del ejercicio soberano del pueblo de México, y que ninguna instancia internacional puede cuestionar la legitimidad de un proceso aprobado por la mayoría ciudadana y avalado por la Constitución.

“¿Qué es mejor, que unos cuantos senadores elijan a la Corte o que lo haga el pueblo de México? Hoy la Constitución dice que quien manda es el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, como diría el gran Benito Juárez”, sentenció.

La presidenta reconoció que el sistema de elección por voto popular puede ser perfeccionado, pero sostuvo que representa un avance democrático. “México, de manera soberana, decidió cómo quiere que sea su sistema de justicia”, añadió.

La postura de la OEA

En su informe preliminar, la misión de observadores de la OEA —que estuvo presente durante la jornada electoral— recomendó al gobierno mexicano evaluar si el nuevo modelo de elección contribuye a fortalecer la transparencia, imparcialidad e independencia del Poder Judicial.

El organismo también alertó sobre el alto nivel de abstencionismo, que alcanzó casi 87% del padrón electoral, y subrayó la necesidad de que futuras reformas judiciales se desarrollen de forma gradual, plural y con base en análisis técnicos y profesionales.