Niños de entre 11 y 15 años tomaron las armas para cuidar de su comunidad, en el municipio José Joaquín de Herrera del estado de Guerrero, sur de México, mientras un grupo de adultos ha salido a buscar a una familia desaparecida desde el pasado 19 de enero.

Este miércoles en la comunidad indígena de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, ubicado en región centro de Guerrero, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores(CRAC-PF) tomaron protesta como integrantes a un grupo de 5 niñas y 15 niños, a quienes “armaron”, aunque algunos solo tenían carrizos a manera de rifles.

El integrante de la CRAC-PF, Luis Morales Rojas, miembro del Consejo del Gobierno Náhuatl, dijo que los jóvenes de mayor edad se integrarán a la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que fue secuestrada el pasado 19 de enero, y que los demás harán labores de vigilancia.

A los niños, contó, se les capacitó en el manejo de armas como rifles calibre 22; escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas.

En el acto llevado a cabo durante la asamblea a la que asistieron la mayoría de los cerca de 1.000 asistentes de origen nahua, exigieron al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que ayuden a la localización de la familia indígena.

La familia está integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años, quienes el 19 enero fueron secuestrados en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado.

En la cancha deportiva del poblado los menores, la mayoría con rifles y escopetas, aunque algunos solo con carrizos, mostraron movimientos de entrenamiento armado.

La decisión de integrar a menores a la CRAC-PF fue decisión de la asamblea llevada a cabo el pasado lunes por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales y la CRAC-PF, “ante el resurgimiento de la violencia” que ha permeado en municipios colindantes con la región Montaña, de la que responzabilizan al grupo delictivo Los Ardillos.

“Los que nos están acribillando, los que nos están secuestrando a nuestra gente son Los Ardillos (grupo delictivo). Tenemos conocimiento de que hay comunidades que están controladas por ellos, pero nosotros no hemos provocado a nadie, nos provocan a nosotros, por eso pedimos a las autoridades municipal, estatal y federal que nos apoyen con agentes de seguridad”, expresó Morales Rojas.

Según registros de autoridades, el grupo delincuencial Los Ardillos ha asolado en los últimos años la zona centro de Guerrero para mantener el control contra otros grupos delictivos.

Tras la asamblea, las autoridades comunitarias reiteraron que la actuación de su policía comunitaria es legal por lo que exigieron respeto y que ninguna autoridad levante acusación alguna.

“Recordamos a las autoridades que la actuación de la Policía Comunitaria es legal, la ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados entre los que destacan la Constitución mexicana, la Constitución del estado de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Pública de Guerrero así como el Convenio, 169, de la OIT”, indicaron.

En esa zona se ha integrado a niños a la Policía Comunitaria por la inseguridad y violencia que viven y que ha sido constantemente denunciada, sin que hasta ahora tengan garantías de seguridad.

En junio del 2019 a la Policía Comunitaria se integraron 19 niños y en 2020 fue presentado otro grupo de menores, que fueron desincorporados en 2022, cuando funcionarios del gobierno federal y estatal encabezaron una reunión en la que se comprometieron a brindar seguridad con militares, Guardia Nacional y la Policía Estatal.