El incremento sostenido de muertes de motociclistas en hechos de tránsito encendió alertas entre organizaciones civiles, legisladores y especialistas, quienes impulsan una serie de medidas para fortalecer la seguridad vial en México, particularmente en zonas urbanas de alta densidad.

Datos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) señalan que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 155 fallecimientos de motociclistas, lo que representó 47.5 por ciento del total de víctimas mortales por siniestros viales en ese periodo. La cifra significó un incremento de 38 por ciento respecto a 2019, primer año con registros trimestrales disponibles.

El informe indica que los motociclistas encabezaron las muertes por derrape, con 24 por ciento del total, mientras que los choques concentraron 49 por ciento de los casos. La mayoría de las víctimas fueron hombres de entre 18 y 45 años, el grupo etario más expuesto a este tipo de siniestros.

En el ámbito normativo, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada el 17 de mayo de 2022, reconoció por primera vez el derecho a una movilidad segura en el país. De acuerdo con Armando Pliego, integrante de la Coalición Movilidad Segura, esta legislación representó un avance al establecer un marco nacional que permitió armonizar las leyes estatales en materia de seguridad vial.

Otro eje clave es la NOM-206-SCFI/SSA2-2018, vigente desde marzo de 2018, que establece las especificaciones de seguridad para los cascos de motociclistas. Actualmente, la norma se encuentra en proceso de actualización con el respaldo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y colectivos especializados. La Organización Mundial de la Salud estima que el uso de cascos certificados reduce 72 por ciento el riesgo de lesiones graves y 39 por ciento la probabilidad de muerte.

En septiembre de 2025, la Cámara de Diputados instaló la primera mesa de trabajo orientada a una reforma colaborativa enfocada en la protección de motociclistas. La diputada Patricia Mercado subrayó la necesidad de fortalecer la regulación con un enfoque preventivo, sin imponer restricciones excesivas, y con énfasis en el uso obligatorio de cascos certificados.

A nivel local, la mayoría de las entidades federativas ya armonizó sus marcos legales con la Ley General. En la Ciudad de México, durante 2023 se firmaron nuevos Acuerdos de Seguridad Vial, y la Semovi consolidó la Motoescuela, un programa de capacitación dirigido a mejorar la formación en conducción segura y normatividad.

No obstante, especialistas y colectivos advierten que persisten retos importantes. La ausencia de una política nacional integral frente al crecimiento acelerado del parque de motocicletas limita la aplicación efectiva de las normas, sobre todo en municipios con baja fiscalización o infraestructura vial insuficiente.

Las cifras también muestran patrones de riesgo: el 54 por ciento de los incidentes mortales ocurrió durante fines de semana y 62 por ciento en horarios nocturnos, entre las 18:00 y las 05:59 horas. Las vialidades con más fallecimientos fueron el Anillo Periférico, con 34 casos, y el Circuito Interior, con 13.

Ante este panorama, las organizaciones involucradas continúan trabajando en la actualización normativa, el fortalecimiento de sanciones, así como en programas de concientización y capacitación obligatoria. La combinación de legislación efectiva, formación vial y control del equipamiento se perfila como el eje central para reducir las muertes de motociclistas en el corto y mediano

información de NotiPress