El estado de Morelos, colindante con la capital del país, refuerza su estrategia de seguridad con la instalación de 19 arcos de videovigilancia en los principales accesos y zonas de tránsito de diversos municipios, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
Durante la conferencia quincenal de seguridad, el funcionario destacó que la colocación de estos arcos es resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— y representa la recuperación de más de 12 años de rezago en materia de seguridad para las y los morelenses.
Urrutia Lozano detalló que, en las últimas dos semanas, como resultado de operativos realizados en 15 municipios, fueron detenidas 24 personas presuntamente vinculadas con delitos como secuestro, homicidio, extorsión, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, venta de drogas, así como robos a comercios y vehículos. Además, en diversos cateos se aseguraron estupefacientes, armamento y chalecos antibalas con insignias de un grupo criminal.
Respecto al relevo en la titularidad de seguridad en el municipio de Cuernavaca, el secretario señaló que, en coordinación con el mando saliente, se logró reducir en cuatro puntos la percepción de inseguridad en la capital del estado. Añadió que, en esta nueva etapa, se fortalecerán las labores de inteligencia para combatir delitos como el robo de autopartes, especialmente en zonas donde aún no se cuenta con cámaras de videovigilancia.
En relación con el ataque ocurrido en el municipio de Jiutepec, en el que perdieron la vida dos elementos de la fiscalía general del Estado (FGE), Urrutia Lozano precisó que las investigaciones continúan, así como los cateos en la zona. Informó que ya existe una persona detenida, presuntamente vinculada con el hecho y con posibles nexos con el tráfico de drogas.
Finalmente, señaló que con la integración de la Mesa de Paz y Seguridad se incorporó al magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, y se acordó fortalecer las denuncias contra personas detenidas mediante la integración de evidencias sólidas que respalden los procesos legales.
