Por Judith Álamo López

La clase política morenista no deja de sorprender a propios y extraños, ahora fueron las diputadas de ese partido quienes representaron en vivo y a todo color, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la ambigüedad de las transformaciones que profesa el grupo de políticos en el poder.

En plena sesión del martes 25 de marzo, dieron la espalda y silenciaron a una presunta víctima de violación para gritar al unísono: “No estás solo…” en apoyo al acusado de violador, a quien además en forma indebida le concedieron la palabra.

Así fue que en la Cámara de Diputados se escribió otra de las ignominiosas páginas que ponen en entredicho si la llamada Cuarta Transformación quiere consolidarse como la Gran Regresión Democrática, que logre instaurar un régimen totalitario con uso abusivo del poder político.

Ejemplos sobran: el diputado Cuauhtémoc Blanco se escudó en el fuero para evitar ser enjuiciado por violencia sexual; el senador Gerardo Fernández Noroña se dicen de izquierda, pero viaja en la cara y lujosa primera clase; otros abusan flagrantemente del poder para encumbrar a sus juniors o trafican con influencias, como es la asignación de proveedurías a cambio de financiar campañas políticas a favor de novias o amantes, etcétera.

Los valores humanos se han trastocado desde hace mucho tiempo, pero estamos llegando a extremos lamentables. Quizá esto se salió de control cuando se comenzó a normalizar la existencia de las llamadas “víctimas colaterales” de la violencia: niños, adolescentes, adultos que perdieron la vida a manos de criminales o por elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, (FAM).

Las FAM empezaron a incorporarse al resguardo de la seguridad pública en la primera década del 2000, sin capacitación alguna para respetar los derechos humanos de sus connacionales, preparadas para matar al enemigo en guerra.

Si bien la militarización como parte de las estrategias de seguridad pública en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto ya tenía consecuencias negativas, la llegada de Andrés Manuel López Obrador empeoró las cosas al incumplir con sus promesas de enviar a los cuarteles a los militares, y por el contrario empoderarlos con centenares de concesiones y crear una Guardia Nacional militar, adscrita a la SEDENA, con reconocimiento constitucional.

Los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y otras transferencias de recursos que el gobierno ofrece a la población para disuadir su ingreso a las filas del crimen, han probado ser ineficaces y por lo tanto deben revisarse y sustituirse por otras opciones viables.

El Izaguirre Ranch ha mostrado que, frente al contubernio o la indiferencia de autoridades locales y federales, miles de jóvenes fueron engañados por organizaciones criminales que les ofrecieron empleo, luego los secuestraron para reclutarlos y adiestrarlos en actividades criminales, quienes no resultaron aptos fueron torturados y muchos de ellos asesinados, según relatos de sobrevivientes.

Un informe oficial consultado por “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) detalla que elementos de la Guardia Nacional reportaron el 10 de agosto de 2019 que habían localizado una finca con varios cuerpos que habían sido calcinados en Teuchitlán, cerca de la comunidad de La Estanzuela, la misma zona donde Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron a inicios de marzo de 2025 el crematorio del Rancho Izaguirre.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero insiste en acusar solo a las autoridades locales de Jalisco de la inmunidad con que han operado varios centros siniestros operados por carteles criminales, a los que el gobierno de Claudia Sheinbaum se niega a llamar campos de exterminio, como el de Teuchitlán, Jalisco.

Pero hay reportajes, filtraciones de documentos de seguridad militar y muchos indicios más que prueban que pese a ser notoria la presencia criminal ninguna autoridad municipal, estatal ni federal actuó para detener los delitos cometidos en diversos campos de adiestramiento y exterminio detectados a partir de 2017.

Aunque una nueva política de seguridad pública parece emerger en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es necesario reconocer en toda su crudeza la compleja y execrable realidad imperante para diseñar y operar un Plan de Seguridad Pública efectivo, que contemple una estrategia con nuevas acciones y políticas públicas a corto, mediano y largo plazos.

No basta con que el gobierno mantenga al frente la renovada presencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acicateado por las presiones de Donald Trump que exige a México mejores resultados en el combate a los carteles de las drogas, ni con haber extraditado a narcotraficantes y detenido a delincuentes, ni con haber realizado incautaciones de drogas en cifras y volúmenes sin precedente.

La impunidad permeó el sexenio de “Abrazos no balazos”, la proliferación de criminales sin castigo y de víctimas sin reparación del daño hizo crecer exponencialmente la incivilidad. Bajo la sombra del poder han proliferado conductas delincuenciales y otras contrarias a la sana convivencia entre la población.

 La educación cívica o ciudadana que enseñe valores humanos ha brillado por su ausencia, sin embargo, de poco serviría ante el mal ejemplo de la conducta de políticos encumbrados, y la muy cercana desaparición de un poder público: el Poder Judicial Federal autónomo, todo esto hace previsible un deterioro mayor de el Estado de Derecho.

Ante la creciente ola de violencia, homicidios, femicidios y desapariciones, es necesario que se reactiven las organizaciones sociales y ciudadanas, que se sumen a los colectivos de familiares de víctimas, es indispensable exigir mejores políticas públicas, mayor seguridad, responsabilidad y cumplimiento por parte de los funcionarios públicos con las tareas asignadas a fin de reparar el tejido social y superar la crisis humanitaria que nos agobia.

En la nueva y necesaria reactivación ciudadana para rescatar el país del horror, los reporteros independientes, los analistas, los intelectuales, los investigadores, los científicos, los técnicos, la iniciativa privada, las organizaciones sociales, todos, estamos llamados a sumar esfuerzos y demandarle al gobierno voluntad política para emprender la tarea de reconstrucción de nuestro sistema democrático.