Judith Álamo López

21 de febrero de 2023, día triste para el pueblo mexicano y de victoria pírrica para el gobierno de la 4T, la culpabilidad de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública entre 2006-2012, emitida por un jurado extranjero exhibe un gobierno fallido, un sistema político mexicano incompetente, infestado de corrupción al venderle protección a un cartel del narcotráfico.

En 2021, investigadores del CIDE emitieron una voz de alerta cuando nos cambiaron la calificación de nación con una democracia defectuosa por la de “régimen híbrido” en camino al autoritarismo, según evaluación del Índice de Democracia 2021 (@TheEconomist).

Pero el juicio de Brooklyn desveló que la situación de México es peor, ya que mostró cómo en nuestro país opera una mafiocracia, basada en un pacto político de impunidad, aseguró el especialista Edgardo Buscaglia, quien considera que pedir ayuda a la ONU sería una opción para combatirla, pero eso no es factible, “sería ciencia ficción” con un gobernante con características autoritarias y caudillistas, como es el presidente López Obrador.

El término recuerda el título de un análisis de las elecciones del 2021, publicado en Le Monde, en el que desde entonces se le da esa definición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debido al registro de más de un centenar de asesinatos de candidatos y aspirantes a cargos públicos a manos del crimen organizado con el propósito de influir en los resultados, y lo lograron ensangrentando al país.

Al concluir el juicio del exsecretario de Seguridad Pública con el veredicto unánime de culpable de los cinco cargos de que fue acusado y que se resumen en narcotráfico y falsedad de declaración al Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security), los investigadores especializados señalan la necesidad de que los ciudadanos mexicanos atendamos los signos de alarma que se han encendido como resultado de la inoperancia del sistema de justicia de gobiernos anteriores, pero sobre todo de la administración actual.

Ojalá y el foco de esta infestación que corroe al gobierno de México se localizara sólo en el aparato de seguridad pública de los gobiernos panistas, especialmente en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, donde según testimonio de varios delincuentes confesos, se protegió la operación de cartel de Sinaloa a cambio de millonarias sumas en dólares. Pero, no, ese cáncer se ha esparcido causando dolor al pueblo mexicano.

Por eso el juez Brian Cogan al leer la declaratoria de culpabilidad acusó de traición al pueblo de México a García Luna, el primer funcionario federal mexicano sometido a juicio en aquél país, quien fue contratado para combatir al narcotráfico y proteger a la población.

Sin embargo, la declaratoria de culpabilidad emitida por el jurado de Nueva York es sólo la evidencia más cercana de un problema con larga evolución y muy compleja resolución, sin soslayar que el juicio adolece de parcialidad, ya que extrañamente en los testimonios no aparecen los cómplices del exsecretario en las agencias estadunidenses DEA y CIA ni del Departamento de Estado.

No obstante, el veredicto de culpabilidad en contra de Genaro García Luna, fue motivo de celebración para los diputados de Morena, quienes gustosos se suman a la estrategia política de Palacio Nacional y claman por la cabeza de Felipe Calderón y la pérdida del registro del PAN al que acusan de ser un narcopartido. El periódico oficial (La Jornada) la confirma con una caricatura del expresidente panista y bajo una cadena la cabeza de García Luna, y hoy la estrella de la mañanera insiste en llevar el asunto por la confrontación política.

Pero que el ruido allá, en la Unión Americana, de manifestantes afines a la Administración de AMLO y las trompetas y tamboras que exhibieron los diputados morenistas para clamar por el linchamiento de Felipe Calderón no nos distraigan de lo realmente importante: el gobierno actual ha dado muestras de carecer de voluntad política y capacidad para enfrentar este lacerante problema.

La Fiscalía General de la República es lenta, casi inexistente, y Alejandro Gertz Manero es uno más de los funcionarios bajo sospecha por sus cargos intersexenales en el ámbito de seguridad y justicia, al igual que otros miembros del gobierno actual.

Mientras tanto México se mantiene en el primer lugar mundial con 17 capitales incluidas en el ranking de las 50 ciudades más violentas en 2022, según seguimiento del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. En primer lugar, está Colima con 182 homicidios por cada 100 mil habitantes. Crecen el número de fosas clandestinas, homicidios, desapariciones, feminicidios, etcétera.

En materia de confrontar al crimen organizado, López Obrador abdicó a lo prometido en campaña, comentó el investigador, especialista en derecho penal internacional, involucrado en el proyecto, Jacobo Dayán, quien relató que pese a haberse formulado una propuesta para crear un Sistema de Justicia Transicional, en el que trabajaron expertos y expertas de organizaciones sociales nacionales y de organismos extranjeros, luego de dos años de este esfuerzo encabezado por Alejandro Encinas, el proyecto fue desechado.

El presidente prefirió pactar “abrazos y no balazos” para tratar con el crimen organizado e incumplió también con el plan de seguridad civil, en un giro de 180 grados, impulsó la militarización del país. Recordó el especialista, al ser entrevistado este miércoles por Carmen Aristegui.

Relató que Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, en 2020, fue quien tras realizarse la Marcha del Silencio encabezada por Javier Sicilia, les comentó que no se implementaría el proyecto debido a que había resistencias, particularmente en la Fiscalía General de la República, la Consejería Jurídica de Presidencia y del propio presidente López Obrador.

Todo quedó en la investigación del caso Ayotzinapa y la Comisión de la Verdad, presididas ambas por el subsecretario Encinas. Los resultados no fueron contundentes ni convincentes debido a la participación del gobierno en los mismos.

Hay evidencias de que la narcopolítica arrancó hace varias décadas, puesto que alrededor de hace medio siglo se detectaron indicios crecientes de que los gobiernos de los priistas, a nivel federal y estatal, no combatieron al narcotráfico, por el contrario, se aliaron con los capos para obtener dinero sucio para acrecentar sus fortunas personales y afianzarse en el poder político, y sí, las campañas políticas cuestan mucho dinero. Un resabio de ese pensamiento fue la frase de Carlos Hank González: “un político pobre es un pobre político”.

Sin duda, el gobierno actual perdió interés real en acabar con un sistema de corrupción enraizado, sólo aprovechará el juicio de García Luna para sacar raja política, golpear a su enemigo, Felipe Calderón y tratar de encumbrar a Morena en las preferencias electorales con miras a la permanencia de su movimiento en el 2024.

Quizá López Obrador no niega en su ADN su origen priísta y su más caro anhelo fue recuperar aquél sistema hegemónico a costa de lo que sea, más que los principios a él lo movieron la avidez por el poder, por ello no dudó ni duda cada día en prometer lo que sea necesario para obtener votos, pero una larga lista comprueba que no cumple su palabra.

Paralizado el sistema de justicia mexicano y amenazado el sistema autónomo electoral es momento de evitar a toda costa mayores retrocesos. Que nadie nos quite nuestro derecho a decidir nuestro futuro. Marchemos a favor del INE el próximo domingo 26 de febrero y no dejemos que se cancele la posibilidad de que podamos elegir un nuevo gobierno que sí esté dispuesto a poner fin a este sistema de corrupción cuyo costo en vidas, paz y estabilidad social, ha sido, y es, muy alto.