Por Judith Álamo López

Cuando muere un hombre en el poder, como ocurrió al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, tan bien relacionado con el todopoderoso presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura al menos una salida de pompa, en la que priven además de las ceremonias luctuosas y cívicas, los duelos estatales y los homenajes nacionales.

Hasta emergen los elogios post morten, como la confidencia hecha por el primer mandatario en su mañanera, de adjudicarle la autoría de haber sido él quien le propuso el mitin oficialista del pasado 27 de noviembre para festejar el cuarto aniversario de la 4T, aquél financiado con recursos públicos para tratar de desvirtuar la marcha ciudadana del 13 del mismo mes, bajo el lema: “El INE no se toca”.

Lástima que el hoy occiso no pueda rebatir al caudillo, quizá se enorgullecería. Recordemos que muchos de sus gobernados se quejaban hace tiempo por su falta de buen juicio, debido a su decadente estado de salud física y mental, y aún desfalleciente, en silla de ruedas, asistió al mitin de marras que culminó en el zócalo capitalino y logró saludar a su “hermano”, calidad que hoy le confirió López Obrador en el homenaje que le rindió post morten a su compañero en la transición PRD-Morena.

Pese a estar blindado por el respaldo político del líder carismático, Barbosa asumió el gobierno con un deteriorado estado de salud por una diabetes descontrolada, no obtuvo la mejor evaluación en el cargo, tampoco cumplió su caro anhelo de concluir su periodo de gobierno (2019-2025), al mismo que llegó luego de la muerte en un accidente de helicóptero “por fallas mecánicas” de la gobernadora Martha Érika Alonso, quien duró en el puesto sólo 10 días. 

La efímera gobernante falleció junto con su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, exgobernador de la entidad poblana, a ambos Barbosa adjudicaba el despojo de su triunfo electoral, por lo que reaccionó a su muerte con un: “los castigó Dios”. ¿Será que en la entidad poblana los ceses son divinos?

Por cierto, ayer varios ciudadanos de entidades ajenas a la CAME (Comisión Ambiental de la Megalópolis), veían con buenos ojos el relevo en la gubernatura, y que se deje de aplicar la medida anunciada por Miguel Barbosa respecto a que a partir del 2023 se restringiría el paso por entidad poblana a todo vehículo con placas foráneas. Lo anterior como parte de un plan para que todo aquel que cruzara el estado poblano tuviera que tramitar un “Pase turístico” o adquirir la “Verificación vehicular del estado”, de otra forma, se haría acreedor a sanciones.

Los exentos de la CAME serían los habitantes procedentes de las 16 Delegaciones del Distrito Federal y 224 municipios en total entre el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Veamos si esto acaba por desecharse.

La titular de la Secretaría de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral, asumirá como encargada de despacho, tras el fallecimiento del mandatario estatal “por causas naturales”, así lo comunicó Verónica Vélez Macuil, directora de Comunicación Social en esa entidad.

Aseguró se notificaría al Congreso del Estado para que proceda conforme a lo dispuesto por el artículo 57 fracción 19 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Puebla, y los congresistas designen a la persona que concluirá con el mandato.

No, no se convocará a elecciones, ya que esta medida únicamente se tomaría si el gobernador se ausentara de manera permanente en los primeros dos años de su gobierno, esto no es aplicable ya que estaba por rendir precisamente hoy, 14 de noviembre, su Cuarto Informe de Gobierno.

Por otra parte, y hablando de más  barruntos caudillescos en el panorama nacional, dice el Instituto Nacional Electoral (INE) en un comunicado emitido hoy que “la democracia vive momentos cruciales”, la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales que ocupa al Senado de la República, de imponerse la mayoría legislativa simple de los partidos oficialistas (Morena, PVEM y PT), podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas.

 Debaten los senadores este día en franca confrontación entre quienes cumplen la voluntad del nuevo caudillo, Andrés Manuel López Obrador, y los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC), la iniciativa presidencial de reformas a cinco leyes secundarias electorales y la aprobación de una nueva ley.

De aprobarse este paquete quitarían autonomía al INE, fracturarían su conformación, lo mutilarían al desaparecerle más de 80% de las plazas del personal capacitado, no se podría garantizar más a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y la renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, independencia, paz pública y gobernabilidad democrática.

Las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral manifiestan su preocupación, tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las Cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo, y alerta: “a pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma, no se le pidió información, ni diagnósticos, ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”. Sólo en México queremos ignorar que el INE no sólo tiene confiabilidad interna, sino a nivel internacional es reconocido por su alto nivel de certidumbre en los resultados electorales.

Estamos por presenciar si son incapaces los legisladores oficialistas de defender el interés público o son cómplices del plan de un dictador presidencial que está fraguando un golpe de Estado a la Democracia, a fin de mantenerse en el poder a través de interpósitas personas, imponiendo leyes regresivas a los años setenta, vulnerando a la Constitución General de la República.

Veamos si el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, acaba por marcar una diferencia, actúa en congruencia a su formación de maestro de Derecho y como jurista, pueda impedir se vulnere la Constitución.

Los diputados oficialistas -Morena,PT,PVEM– que aprobaron el paquete de reformas político-electorales actuaron de forma vergonzante, incumplieron con su deber al no revisar y detener esta ignominiosa iniciativa que además de inconstitucional está llena de errores garrafales contrarios al interés del pueblo y de la democracia.

La ciudadanía, las organizaciones civiles, todos debemos luchar porque se respete el Estado de Derecho, y en su caso, debemos estar atentos para respaldar al INE, único con la personalidad jurídica para recurrir a todas las instancias y vías jurídicas para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del INE y defender que siga existiendo para garantizar elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución.