Por Judith Álamo López

Mientras los legisladores de Morena  y sus aliados desarrollan destrezas para burlar, mediante decreto aprobado fast track, los límites legales de la propaganda electoral, paralelamente violan la veda electoral vigente y se las ingenian para mantener en el foco público la próxima Revocación de Mandato, a realizarse el próximo día 10 de abril. C

Inexorable, se acerca la fecha de la primera consulta ciudadana, ya se puede afirmar que Morena y sus aliados lograron desvirtuarla como herramienta democrática, convirtiéndola en un ejercicio de marketing –conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto– político electoral, al servicio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De ratificarse en el Congreso y no  mediar la razón o algún amparo constitucional en contra, las personas servidoras públicas podrán promover la Revocación de Mandato y los procesos electorales sin importar los periodos de veda electoral.

El pasado jueves 10, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental.

Sin importar las protestas de oposición, fue sometida la propuesta  a votación el mismo día, sin pasar por dictaminación en comisiones ordinarias, y aprobada con 268 votos a favor y 213 en contra, con el apoyo de la mayoría: Morena y sus aliados en el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Con la misma celeridad, la iniciativa  fue aprobada en comisiones del Senado de la República este martes 15 de marzo.

En esta búsqueda desenfrenada por mantenerse en el poder sin contrapesos ni límites incómodos, Gutiérrez Luna, al frente de los diputados de Morena, se ha ido a la cabeza en el ataque contra las normas e instituciones que acotan al Jefe del Ejecutivo, como es el caso del Instituto Nacional Electoral y, a juzgar por sus expresiones, goza el convertirse en primer funambulista del Congreso, promotor de AMLO. 

En el recuento de sus acciones, fue él quien el pasado jueves 3 de marzo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpuso un recurso de controversia constitucional en contra del INE por su injerencia al establecer medidas cautelares –sin sustento legal, según argumentó– en contra de legisladores por promover la revocación de mandato.

Antes, a finales del pasado mes de diciembre, el también presidente de la Cámara de Dipútados interpuso una denuncia penal contra los consejeros del INE que votaron a favor de suspender la consulta de Revocación de Mandato por no disponer de los 5 mil millones de pesos necesarios para realizarla de forma similar a una elección federal, recursos solicitados en tiempo y forma pero negados por los diputados. Finalmente, este amago fue retirado “de buena fe”.

El diputado Gutiérrez Luna fue también quien interpuso ante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la  controversia constitucional 224/ 2021 contra el INE por querer suspender la consulta de Revocación por el mismo motivo. Esta quedó sin efecto, al dar respuesta la Suprema Corte al órgano electoral, en el sentido de exigirle cumpliera con realizar la Revocación, ajustándose a los mil 503 millones de pesos disponibles en su presupuesto.

Y ahora,  promueve el decreto legislativo que redefine la propaganda gubernamental, como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público”.

Se plantea modificar el concepto de propaganda gubernamental contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), para especificar que si las menciones sobre Revocación de Mandato los procesos electorales no se hacen con cargo al erario, no serán tomadas en cuenta como propaganda.

Con estos cambios, por ejemplo, ¿Cómo se podría evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tan proclive a los excesos propagandísticos, en sus conferencias mañaneras –a cargo del erario público–, con los artilugios que acostumbra –dice un promedio de 80 mentiras diarias–, se dedique a promover el culto a su personalidad en cada conferencia, hasta el día de consulta de Revocación de Mandato, y luego decida influir en los comicios estatales o preservarse a través de su candidata o candidato en  la presidencial del 2024? 

Realmente el decreto vendría a cumplir con el deseo del mandatario de que nadie le imponga restricciones, ese ha sido el problema con los organismos autónomos, por eso quiere desaparecerlos o tripularlos.  

Limitar el poder presidencial es una necesidad, al igual que evitar los excesos en el ejercicio del servicio público. Es muy peligroso que la mayoría legislativa, como servidores púbicos con alta jerarquía, dispongan de sus prerrogativas y medios pagados con recursos públicos sin restricciones. Quieren mayores canongías propagandísticas en busca de preservarse en el poder propiciando una competencia inequitativa, en detrimento de una democracia participativa.

Asimismo, este decreto infringe el artículo 134 constitucional que establece que la propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública deberá evitar nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Esto, con el decreto, sería inviable.

Además de quedar sin efecto el Artículo 251 de La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece las vedas tres días antes y el día de la elección,  “para que los ciudadanos tengan tiempo de pensar y decidir concienzudamente el sentido de su voto, sin influencias externas, ruido propagandístico y en general, libres de elementos que puedan determinar su decisión”.(30 jun 2021).

De prosperar esta iniciativa se establecería que: “No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público”.

El decreto podría dejar sin efecto los recursos que resuelve el Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del presidente Andrés Manuel Lípez Obrador, senadores y diputados morenistas que han incurrido en francas violaciones a la veda vigente por la Revocación de Mandato, por ello la oposición ha pedido una moción suspensiva, debido a que los senadores de Morena deben excusarse de participar en el debate y votación por presentar conflicto de interés. 

Veamos en qué acaba este despropósito que pondría fin a los periodos de reflexión que imponen las vedas electorales, tan necesarias luego de periodos de proselitismo político. Los tiempos de silencio y análisis constituyen para los ciudadanos un espacio para valorar nuevas  ofertas políticas, asi como el desempeño y acciones de las autoridades gobernantes, de forma que puedan decidir libremente su voto razonado.

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