En medio de la polémica, los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron no utilizar y devolver las camionetas Jeep Grand Cherokee recientemente adquiridas, cuyo costo unitario asciende a 1.7 millones de pesos, sin considerar el blindaje, el cual podría casi duplicar el precio. La decisión fue dada a […]
En medio de la polémica, los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron no utilizar y devolver las camionetas Jeep Grand Cherokee recientemente adquiridas, cuyo costo unitario asciende a 1.7 millones de pesos, sin considerar el blindaje, el cual podría casi duplicar el precio.
La decisión fue dada a conocer este domingo a través de las redes sociales oficiales del máximo tribunal, donde también se informó que las y los ministros ofrecerán una conferencia de prensa este lunes por la mañana para ampliar los detalles de la determinación adoptada.
En el comunicado, la Corte señaló que las ministras y ministros solicitarán iniciar el procedimiento correspondiente para la devolución de los vehículos o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, siempre conforme a la normatividad vigente.
“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, indicó la SCJN.
La controversia surgió luego de que se diera a conocer que los ministros habían estrenado nuevas camionetas como parte de la renovación del parque vehicular del Poder Judicial. Las unidades fueron emplacadas en el estado de Morelos, lo que permitiría evitar el pago de la tenencia vehicular que se cobra en la Ciudad de México, lo que avivó las críticas en redes sociales sobre la austeridad en la Corte.
Un día después de que trascendiera la información, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un comunicado en el que sostuvo que, en el proceso de integración del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), se priorizó la reducción del gasto público y el uso eficiente de los recursos, lo que derivó en la sustitución de vehículos que presentaban fallas recurrentes y riesgos de seguridad.
De acuerdo con el OAJ, entre 2022 y 2025 la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el entonces Consejo de la Judicatura Federal operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 vehículos, con un gasto anual estimado de 366.2 millones de pesos.
Ante este escenario, en el último trimestre de 2025 se autorizó una inversión de 252 millones de pesos para la adquisición de 571 unidades, equivalente al 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento, lo que representaría un ahorro estimado de mil 098 millones de pesos entre 2026 y 2028.
La renovación del parque vehicular incluye 124 unidades híbridas o eléctricas, con una reducción de hasta 30% en consumo de combustible y 70% en costos de mantenimiento, además de atender incidentes de seguridad detectados en la SCJN y permitir, eventualmente, la enajenación de los vehículos a valor de mercado.
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