Constitución mexicana promulgada en 1917, el ministro Alberto Pérez Dayán, en representación de la ministra presidenta de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña Hernández, resaltó que militancia y judicatura no son afines, “que el magistrado no es igual al diputado o al senador, el magistrado es radicalmente distinto y tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra la opinión de los electores… “, en referencia a las palabras del constituyente Paulino Machorro y Narváez.

Pérez Dayán, a quien Morena quiere llevar a juicio político por ejercer el voto de calidad que declaró inconstitucional la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que fue la precisamente la Constitución de 1917 la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga. Electa o no electa. Sin distinción alguna.

Y sentenció: “Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar”.

En presencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, en representación del Jefe del Ejecutivo federal, de la legisladora priista y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de la morenista Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, y de funcionarios públicos, Alberto Pérez Dayán enfatizó que el Poder Judicial tiene perfectamente claro que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. “No permitamos que esto se olvide o se confunda”.

“El Poder Judicial de la Federación cumple su cita y da cuenta puntual de su encomienda con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos y siempre comprometido con su vocación democrática. No lo duden ni un momento hay Constitución, que viva la Constitución de México”, dijo en su discurso el destacado juez constitucional.

Alberto Pérez Dayán repasó de manera efímera los momentos históricos y sus hombres que construyeron el andamiaje para la división de poderes en México, y destacó que el sistema dibujado por el constituyente reunido aquí hace más de un siglo, se entendió nítidamente que la participación ciudadana y la legitimación de las instituciones se entrelazan de manera indisoluble.

El Tribunal Constitucional creado décadas más tarde, es el intérprete lúcido de la voluntad popular, materializada en la norma, que le permite y obliga a asegurarse de la conformidad de las leyes y sus procesos de creación con los preceptos supremos. “De no atenderlos, esa la ley no es ley, y tampoco debe ser obedecida. Declarar su invalidez es la consecuencia de sus propios vicios. De esto, de esto no debe sorprenderse nadie”, advirtió.