En plena crisis y sin un panorama alentador próximo, los migrantes que llevan ya varios meses varados en la ciudad de Tijuana hoy se enfrentan a otra preocupación: la creciente violencia que azota esta frontera mexicana.

El noroccidental estado de Baja California ha registrado más de 2.300 víctimas del crimen organizado en lo que va de año.

De estos, casi 1.500 se han producido en Tijuana y solamente 128 son de septiembre, según datos de la Fiscalía estatal.

En medio de esta situación se encuentran los migrantes que viven en el albergue Ágape de la colonia (barrio) Nueva Aurora, quienes en una misma semana vivieron aterrorizados dos enfrentamientos armados entre policías y delincuentes.

El pasado 14 de septiembre se dio el primer enfrentamiento después de que agentes de la Policía Municipal persiguieron a un par de hombres armados hasta el panteón pegado al refugio para migrantes, deteniendo a uno de ellos.

Posteriormente, el jueves pasado, un grupo armado emboscó a dos agentes municipales en el mismo sitio y se produjo un tiroteo entre fuerzas de seguridad -posteriormente llegó al lugar el Ejército mexicano y la Guardia Nacional- y los sicarios.

Dos de los presuntos delincuentes murieron en este hecho, que puso en alerta a migrantes y activistas.

MIEDO CRECIENTE

Janeth Valdovinos, una migrante originaria de Michoacán, en el occidente de México, narró este miércoles a Efe que tan pronto escuchó los balazos fue a buscar a sus niños para protegerlos.

“Nos tiramos al piso (suelo). Lloramos con los niños y se escuchaba cómo la gente estaba llorando y gritando. Había un niño hincado rezando”, recuerda la mujer sobre lo acontecido hace casi una semana.

Para Janeth, madre soltera, la situación en Tijuana es muy lamentable porque “uno viene huyendo de por allá por la violencia” y no encuentra “seguridad” tampoco en su nuevo lugar.

La misma sensación atravesó ese día a Hilda, quien temió por la seguridad de su hija ya que a la menor la rozó sobre el cabello una de las balas que alcanzó a atravesar las paredes y ventanas del albergue.

“Cuando vimos que entró la bala por la ventana nos escondimos todos debajo de las camas, en las literas de los niños. A mi niña le rozó una bala en la cabeza”, dijo.

Antonio Escobar es hondureño y lleva ya meses en el albergue, siendo uno de los responsables dentro del propio grupo de migrantes del bienestar de las más de 700 personas que pernoctan en el recinto.

“Se siente feo porque la mayoría de las personas viene de situaciones similares”, contó a Efe.

AUTORIDADES MINIMIZAN

Mientras esta situación de violencia preocupa a residentes y migrantes, las autoridades minimizan el tema.

Cuestionado sobre un reciente mensaje atribuido al crimen organizado que lo amenazaba, el gobernador del estado, Jaime Bonilla, afirmó: “Perro que ladra, no muerde”.

Y por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, Pedro Cruz Camarena, insistió ante la prensa que los índices de violencia en Tijuana van a la baja en comparación con otros años.

Ello aunque a principios de mes una niña de 11 años murió en un tiroteo cuando se encontraba en un centro comercial a punto de entrar a un cine.

Estos hechos de violencia se producen en un momento en que la región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año con un flujo histórico de 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212.000 migrantes detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.

En las últimas semanas, la situación se ha recrudecido en la frontera norte mexicana con el arribo de miles de haitianos en varios puntos como Ciudad Acuña, en el norteño estado de Coahuila, desde donde cruzaron a Estados Unidos y fueron posteriormente deportados.

O en la fronteriza Reynosa, donde centenares de ellos duermen en campamentos improvisados dentro de esta ciudad del estado de Tamaulipas, región donde son habituales los choques con el crimen organizado.