Por Alejandro Álvarez Manilla

El 2025 ha sido un año particularmente oscuro para Michoacán. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, es sólo el episodio más reciente de una larga cadena de hechos violentos que han teñido de sangre al estado. Este crimen no puede verse como un hecho aislado, sino como el reflejo de una descomposición profunda que ha dejado a comunidades enteras atrapadas entre la impunidad, el miedo y la indiferencia del poder.

La violencia como normalidad

Desde hace años, Michoacán vive un deterioro sostenido de su tejido social. Municipios como Apatzingán, Zamora, Zitácuaro y Uruapan se han convertido en territorios donde el crimen organizado dicta la vida cotidiana. La extorsión, los levantones, los desplazamientos forzados y los asesinatos de servidores públicos se han vuelto rutina. Cada muerte, cada ataque, cada cuerpo abandonado es una herida más en el alma de un estado que parece condenado a la violencia perpetua.

Lo más alarmante es la naturalización de la tragedia. Los michoacanos han aprendido a convivir con el miedo, mientras las autoridades —estatales y federales— se enredan en discursos vacíos y estrategias que no tocan el fondo del problema: la corrupción, la falta de justicia y la colusión institucional.

Un Estado ausente

La ejecución de un alcalde en plena plaza pública, durante un evento cultural, simboliza la vulnerabilidad absoluta del Estado mexicano. Si un presidente municipal, rodeado de escoltas y bajo la mirada de la Guardia Civil, puede ser asesinado, ¿qué protección puede esperar un ciudadano común?

La seguridad pública en Michoacán se ha convertido en un rompecabezas sin piezas. Los operativos federales se anuncian con estridencia mediática, pero sus resultados son efímeros. Los grupos criminales se fragmentan, cambian de nombre, pero nunca desaparecen. La violencia se recicla, los responsables se diluyen y las víctimas se multiplican.

La indiferencia como crimen

Michoacán no sólo está ensangrentado; está silenciado. La población vive entre el miedo a hablar y la desconfianza hacia sus instituciones. Las familias de las víctimas se enfrentan a la revictimización, al abandono y al olvido. Mientras tanto, la agenda nacional avanza sin mirar hacia el occidente del país, donde la sangre corre con una frecuencia alarmante.

El silencio de muchos funcionarios frente a esta tragedia es cómplice. Porque callar ante la barbarie es perpetuarla.

Un llamado urgente

Michoacán necesita más que discursos y operativos. Requiere una política integral de reconstrucción del Estado, de fortalecimiento institucional y de justicia real. No se puede combatir la violencia con promesas, ni restaurar la paz con militares que patrullan un día y se marchan al siguiente.

La sociedad mexicana debe mirar hacia Michoacán, no con morbo ni con resignación, sino con empatía y exigencia. No podemos permitir que el asesinato de un alcalde se sume a la estadística ni que la sangre derramada se vuelva paisaje.

Porque cuando un estado entero vive con miedo, cuando la muerte se vuelve costumbre y la impunidad norma, no sólo pierde Michoacán: pierde México.