Puntales Agustín Vargas La necesidad de recursos adicionales para atender las crecientes erogaciones del gobierno, ahora especialmente por el costo de los proyectos insignia y la prisa por terminarlos, se ha incrementado rápida y significativamente. Infinidad de analistas y centros de investigación económica han insistido que la sostenibilidad de las finanzas públicas corre un riesgo […]
Puntales Agustín Vargas
- Más recaudación y bajar déficit, imprescincible
- Mayor impuesto al ahorro en 2024
- FMI sugiere reformas estructurales
- Inmobiliarias en la mira de la Cofece
La necesidad de recursos adicionales para atender las crecientes erogaciones del gobierno, ahora especialmente por el costo de los proyectos insignia y la prisa por terminarlos, se ha incrementado rápida y significativamente.
Infinidad de analistas y centros de investigación económica han insistido que la sostenibilidad de las finanzas públicas corre un riesgo importante, sobre todo ante la decisión de elevar el gasto a niveles sin precedente, evidentemente con propósitos políticos en el año electoral.
El costo del servicio de la deuda pública en México es sumamente elevado. De acuerdo con datos del Dataset: Government at a Glance – 2023 edition. OCDE, en 2022 dicho costo equivalía al 2.8% del PIB. Ocupaba el sexto lugar entre 43 países, según la membresía de la OCDE y otras economías emergentes. Y es probable que suba en ese ranking en 2024.
Según la estimación oficial, ya habrá aumentado a 3.4% en 2023 y se proyecta a 3.7% para 2024. Para los especialistas, esto claramente añade a la preocupación por la situación fiscal del país. Los aspectos preocupantes de la dinámica fiscal aconsejan que la Ley de Ingresos de la Federación sea aprobada con menor déficit y deuda, así como con un menor gasto.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, al cierre de octubre el Congreso tiene que aprobar la Ley de Ingresos de la Federación 2024 (LIF), que incluye tanto los ingresos del sector público consolidado como el flujo de endeudamiento del mismo. Con ese límite la Cámara de Diputados debe aprobar el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Los procesos de aprobación de la LIF (ambas cámaras) y el PEF tienen que estar terminados el 15 de noviembre.
La iniciativa de ley de ingresos prevé obtener recursos presupuestarios por un total de 7 billones 329 mil millones de pesos (mmp), cifra 0.8% mayor en términos reales a la estimada para el 2023, aunque menor en 1.8% al monto aprobado para este año.
La base del cálculo de los ingresos del erario es el crecimiento previsto de la economía, mismo que el programa oficial estima en 3.0%, cuando la expectativa de los especialistas ronda el 1.9%. Además, el programa fiscal para 2024 contempla un aumento de impuestos: la retención del ISR por intereses obtenidos por el ahorro se multiplica casi por 10, pasa de 0.15% a 1.48.
Para los analistas, esto es preocupante ya que, a pesar de la probable y aparente sobreestimación de los ingresos, los recursos no son suficientes y se tendrá que recurrir a nueva deuda. La insuficiencia de ingresos del sector público para financiar el proyecto de PEF es significativa. Equivale a un billón 737 mil mdp de financiamiento, es decir endeudamiento neto del sector público.
FMI sugiere reformas estructurales
En su actualización de proyecciones económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) enfatiza que la economía global continúa recuperándose de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y la alta inflación y que su resiliencia ha sido notable.
Pese al impacto de la guerra en los precios de alimentos y energía y la restricción monetaria sin precedentes para bajar la inflación, la actividad económica se ha desacelerado, pero continúa moviéndose lentamente, aunque de manera desigual con amplias divergencias entre países.
Así, el crecimiento de la economía global pasará de 3.5% en 2022, a 3.0% en 2023 y a 2.9% en 2024, con desaceleración más pronunciada en los países avanzados y, en menor medida, en los países emergentes.
El FMI ajustó al alza las estimaciones de crecimiento, respecto a sus números de julio pasado, para Estados Unidos a 2.1 y 1.5% para 2023 y 2024, pero bajó las de la zona euro a 0.7 y 1.2%. Además, estima menor crecimiento económico para China: 5.0% en 2023 y 4.2% en 2024, frente a los previos de 5.2 y 4.5%.
En el caso de México, se registraron ajustes al alza de 0.6 puntos porcentuales en este año y el próximo a 3.2 y 2.1%.
Con un panorama de menor crecimiento, tasas de interés más altas y espacio fiscal reducido, el FMI enfatiza que las reformas estructurales son clave para recuperar crecimiento más adelante.
Inmobiliarios, en la mira de la Cofece
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación de oficio por la posible realización de una concentración ilícita en el mercado de comercialización de avisos inmobiliarios clasificados en territorio nacional.
Debido a su importancia para la economía nacional y su impacto en el bienestar de la población, este sector se definió como uno de los prioritarios para la Comisión en su Plan Estratégico 2022-2025 y por ello se mantiene una constante vigilancia de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) en dicho sector.
La autoridad aclaró que esta investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, pues hasta el momento no se han identificado violaciones a la normativa en materia de competencia económica.
Advierte, sin embargo, que si al término de la investigación se encuentran elementos que presuman una violación a la LFCE, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa y manifestar lo que a su derecho convenga.
La Autoridad Investigadora exhorta a toda aquella persona u organización vinculada al mercado de comercialización de avisos inmobiliarios clasificados en territorio nacional, a que, si conoce o tiene información que pueda ser relevante para esta investigación, la presente ante esta Comisión.
De comprobarse la realización de una conducta anticompetitiva, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados hasta por el 8% de sus ingresos y podría ordenarse la desconcentración total o parcial de la posible concentración ilícita. Por su parte, los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados hasta con 200 mil UMA.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
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