México se acerca a las 100.000 personas desaparecidas y no localizadas registradas oficialmente en medio del gran esfuerzo de las autoridades para frenar esta tragedia y casos tristemente insignes, como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, todavía por resolver.

Desde hace casi 8 años, Gerardo Preciado Torres, que ahora tendría 47 años, es buscado por su familia luego de que cuatro hombres identificados como agentes de la Fiscalía de Jalisco (oeste de México) lo golpearon y lo privaron de la libertad sin una orden de arresto ni una explicación de por medio.

Ese 22 mayo de 2014 cambió la vida de su madre, María Refugio Torres, quien tuvo que aprender de leyes, criminalística, ciencias forenses y acompañamiento psicológico para dar seguimiento al caso de su hijo y el de cientos más que colocan a Jalisco como el estado con mayor número de personas desaparecidas y no identificadas.

“Uno es el que debe de buscar, investigar y llevarles información porque ellos no hacen nada. Cuando mi hijo desapareció yo sí confiaba en la autoridad y yo decía que me lo iban a regresar. Tenía tanta confianza que cada tercer día iba a la fiscalía, pero siempre me recibían con lo mismo: está en trámite la investigación”, dijo Torres a Efe.

Junto al altar que hizo con fotografías y la ficha de búsqueda de su hijo, Torres narró que tuvo que aprender a defenderse de las omisiones y humillaciones de las autoridades y a buscar en las fosas clandestinas que abundan en este registro.

Solamente el colectivo al que pertenece, llamado Por Amor a Ellos, ha encontrado a unas 100 personas enterradas.

“Que (su caso) sirva de experiencia para la gente que viene, porque esto nunca se va a acabar, que no pasen lo que hemos pasado nosotros porque ha sido batallar con policías y con todo lo que se llama autoridad”, expresó.

CIFRAS ALARMANTES

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, que actualiza las cifras a diario, hasta el 30 de marzo el país acumula 98.423 personas en estas circunstancias.

Además, hay 143.618 personas desaparecidas y posteriormente localizadas. Por lo que, desde 1964 a la fecha, el país acumuló 242.041 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación de México (Segob), Jalisco es la entidad con mayor número de personas desaparecidas y sin localizar con 14.915 casos, seguido de Tamaulipas con 11.916 casos, el Estado de México con 10.720 y Nuevo León con 6.148.

Adriana Carranza, de 29 años, busca desde octubre de 2021 a su esposo Rubén Arreola Marroquín, de 32 años, empleado de la Universidad de Guadalajara.

La mujer contó a Efe que lo vio por última vez cuando salió de su casa a discutir con un vecino del fraccionamiento que había chocado con su vehículo.

El vecino fue detenido unas semanas después, pero en su única declaración no da información del paradero de Arreola Marroquín, pese a que la familia ha comprobado con documentos que ambos teléfonos móviles hicieron el mismo recorrido desde su colonia (barrio) hasta un predio abandonado en el municipio de Tlajomulco, a 34 kilómetros de distancia.

“Lo más difícil es no saber cómo está, si le están haciendo algo, si está bien, si come, si ya le hicieron algo. (…) Tú misma te vas haciendo mil escenarios y cada día se te derrumban”, dice la joven.

CRISIS FORENSE

Los casi 100.000 desaparecidos en México es una cifra mucho mayor a los 1.192 desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) o a llenar el estadio del Camp Nou, sede del equipo FC Barcelona, en España.

Según datos de la CNB, la crisis de desaparecidos se incrementó a partir de 2006, año en que el entonces presidente Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra el narcotráfico.

Y tuvo su punto más álgido en 2019, trayendo consigo problemas no solo con la localización de las personas sino con la identificación forense de los cuerpos hallados.

El país ha sido testigo de casos tristemente emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que después de 7 años tiene pocos avances con los restos de solo 3 estudiantes identificados y un alto funcionario prófugo, pese a que hace 3 años se reanudó la búsqueda.

De hecho, esta semana, un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció simulación en la investigación inicial del caso y ocultación de datos, y puso en el punto de mira a las Fuerzas Armadas tras la revelación de unos videos que involucran a marinos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, dijo el pasado 17 de marzo que los 1.700 millones de pesos (unos 85 millones de dólares) para la búsqueda y el avance en materia forense no han disminuido el rezago de 37.000 cuerpos que hay en institutos forenses y fosas clandestinas y que siguen sin ser identificados.

La cifra podría ser mayor, pues según un registro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México a partir de solicitudes de información y trabajo de campo, habría poco más de 52.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes.

Denisse Ayala, miembro del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, dijo a Efe que México vive un “régimen subnacional” en el que aparentemente las instituciones, las instancias de seguridad y las leyes funcionan, pero el crimen organizado logra penetrar en las autoridades.

“Hay una zona gris en la que convergen el crimen organizado, las instancias y el aparato estatal, y no son esferas separadas. Hay un cáncer llamado impunidad. Cuando tienes capacidad en la violencia que despliegas lo haces porque puedes y porque el entorno de la seguridad pública no funciona o lo hace al arbitrio de tus operaciones”, señaló.

Tanto Ayala como el coordinador del comité, Jorge Ramírez, recordaron que la cifra de personas sin localizar podría ser superior pues hay un subregistro de casos debido a que tanto las familias como la sociedad en general viven con miedo a denunciar.

“Es una sociedad amenazada, se sabe que hay aparatos de seguridad tomados y ministerios públicos donde el hecho de denunciar te pone en riesgo. Lo que hay es un gran miedo de la sociedad a movilizarse”, concluyó Ramírez.