El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerarlo tendencioso y carente de rigor jurídico. Según las autoridades, el documento no toma en cuenta los avances logrados en el país en esta materia desde 2018.

La postura oficial surge luego de que el Comité solicitara al secretario general de la ONU, António Guterres, remitir de manera urgente la situación de las desapariciones en México ante la Asamblea General.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores señalaron que el informe omite información, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano. Afirmaron que los argumentos del documento no coinciden con la propia definición de desaparición forzada del Comité ni reflejan los avances institucionales impulsados desde 2019, particularmente a partir de 2025.

El gobierno también sostuvo que el diagnóstico del organismo internacional no corresponde a la realidad actual del país, el cual —aseguró— ha emprendido una transformación estructural en la atención de este problema.

Las autoridades destacaron que el informe se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2007 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en casos registrados en estados como Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz. En ese sentido, calificaron la evaluación como parcial y sesgada, además de señalar que no se consideraron los esfuerzos institucionales presentados recientemente.

Asimismo, lamentaron que el Comité no haya incorporado la información actualizada proporcionada por México antes de emitir su resolución.

El comunicado subraya que el propio informe reconoce la ausencia de indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas de manera sistemática contra la población civil, lo que —según el gobierno— refleja una situación distinta a la de años anteriores.

Las dependencias federales también cuestionaron la solidez jurídica del documento y señalaron posibles conflictos de interés entre algunos integrantes del Comité.

El Gobierno de México reiteró que no tolera ni promueve desapariciones forzadas y destacó que, en la actual administración, se han impulsado reformas legales e institucionales en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.

Entre las medidas adoptadas se encuentran la implementación de una Alerta Nacional de Búsqueda, la apertura inmediata de investigaciones desde el primer reporte, la creación de una base nacional de carpetas de investigación, una plataforma única de identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

También se establecieron mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales, así como la integración de comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

El gobierno destacó además que organismos internacionales han reconocido la cooperación constante de México en materia de derechos humanos. Reiteró su disposición al diálogo internacional, aunque advirtió que este debe basarse en diagnósticos acordes con la realidad del país.

Por su parte, el Comité de la ONU solicitó a la Asamblea General considerar medidas para apoyar a México en la prevención, investigación y erradicación de las desapariciones. No obstante, aclaró que no encontró pruebas de una política federal deliberada en este sentido.

El organismo también señaló que el contexto de violencia vinculado a la estrategia contra el narcotráfico ha influido en la situación, y reconoció la postura del gobierno mexicano de que muchas desapariciones son atribuibles a grupos delictivos y no a agentes del Estado.

Sin embargo, indicó que en algunos casos ha recibido información que sugiere la posible participación o aquiescencia de funcionarios públicos.

Finalmente, el Comité subrayó que, conforme al derecho internacional, las desapariciones forzadas pueden ser cometidas no solo por el Estado, sino también por organizaciones, incluidos actores no estatales, cuando forman parte de ataques sistemáticos contra la población civil.