Ante el espejo de la narcopolítica y la violencia.

De Política Alejandro Álvarez Manilla

Por estos días, México vive uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Las acusaciones de narcopolítica, los ataques a comercios, las extorsiones y el aumento de homicidios dolosos han colocado al país en una encrucijada donde la desconfianza pública se profundiza y el miedo vuelve a marcar la vida cotidiana. No es nuevo —pero sí cada vez más insoportable.

El país parece dividirse entre dos realidades: la institucional, que asegura tener una estrategia para contener la criminalidad; y la del ciudadano de a pie, quien cada vez tiene más historias de extorsiones en su cuadra, cobros de piso en su colonia, incendios provocados contra negocios locales o asesinatos que nunca llegan a una detención clara. Una fricción que erosiona la esperanza y agota a una sociedad acostumbrada a resistir, pero también harta de hacerlo.

La sombra de la narcopolítica

Las denuncias recientes contra diversos actores políticos —desde presidentes municipales hasta funcionarios estatales o figuras nacionales— evidencian un fenómeno que México se ha negado a observar de frente: el crimen organizado no solo disputa territorios, también compite por decisiones públicas.

El riesgo no es menor. Cuando la política se toca con el crimen, la vida democrática se contamina, las elecciones pierden legitimidad y las instituciones se debilitan hasta convertirse en cascarones vacíos. Más allá de discursos, lo que está en juego es el pacto social que sostiene al país: la idea de que las autoridades tienen el monopolio legítimo de la fuerza y la obligación de proteger a la ciudadanía.

Hoy, esa idea está bajo fuego. Comercios y familias bajo ataque

Los ataques a establecimientos comerciales —incendios, balaceras, amenazas escritas o pagos de piso— ya no son episodios aislados: se han convertido en una práctica extendida que golpea por igual a pequeños negocios familiares y a cadenas reconocidas. Esto, más allá del impacto económico, fractura el tejido social. Cada negocio que cierra por miedo es una familia que pierde ingresos, una comunidad que pierde servicios y una ciudad que pierde vida.

La extorsión dejó de ser un delito silencioso para convertirse en una industria criminal a gran escala. Es un impuesto de facto que las autoridades no cobran, pero que miles de pequeños emprendedores pagan para no morir.

La cifra de homicidios dolosos se ha normalizado a niveles alarmantes. En algunos estados, la violencia se ha recrudecido con patrones casi de guerra: emboscadas, masacres, desapariciones masivas. En otros, la violencia es más selectiva, más “quirúrgica”, pero igualmente devastadora.

Es un país donde un asesinato ya no sorprende, donde se explica con un “en algo andaba”, una frase que justifica la indiferencia y deshumaniza a las víctimas. Vivimos en la contradicción de lamentar la violencia mientras aprendemos a convivir con ella.

México está cansado, pero no derrotado. La ciudadanía exige respuestas reales: coordinación entre niveles de gobierno, policías que investiguen y no teman, ministerios públicos que trabajen, jueces que no cedan a las presiones criminales, y políticos que entiendan que la seguridad no puede ser rehén de la propaganda.

Combatir la narcopolítica implica reconocer que el problema existe. Frenar la violencia requiere invertir en inteligencia, profesionalización policial y prevención. Y reconstruir la confianza pública solo será posible con transparencia, resultados verificables y responsabilidades políticas claras.

México ha enfrentado momentos muy oscuros, pero este es diferente: hoy la criminalidad ya no solo se siente en territorios aislados, sino en la economía local, en la vida diaria, en el debate político y en la estructura misma del Estado.

El país está obligado a decidir qué camino quiere recorrer: uno donde la violencia se normalice como parte del paisaje, o uno donde finalmente se exija —sin colores partidistas— que la seguridad sea una prioridad nacional compartida.

El desafío es enorme, pero la urgencia es mayor. México no puede permitirse seguir administrando la violencia: debe comenzar a resolverla.