La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este jueves de que entregó en extradición a Estados Unidos a un presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, a quien medios mexicanos identificaron como Adán Casarrubias Salgado, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

El detenido fue entregado por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictiva, contra la salud y lavado de dinero, indicó la FGR en un comunicado.

La extradición de Casarrubias Salgado ocurre el mismo día que se cumplen 92 meses de la desaparición de los estudiantes, motivo por el cual este jueves en Ciudad de México familiares de los estudiantes marcharon, como cada 26 de cada mes, por las calles de la capital para reclamar la aparición de sus seres queridos y para exigir a las autoridades avances en la investigación.

Los familiares recordaron que el reciente informe, del Grupo de expertos de la CIDH del pasado 29 de marzo reveló una mayor intervención de las Fuerzas Armadas de México en la investigación, así como una “total simulación” en la primera versión oficial del caso.

La institución expuso que, en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, “entregó en extradición al gobierno de aquel país a un hombre de nacionalidad mexicana requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois”.

En el reporte señaló que la investigación realizada por las autoridades estadounidenses identificó a Adán “C”, identificado como Adán Casarrubias Salgado, como uno de los líderes de una organización de tráfico de drogas, la cual entre los años 2012 y 2014 fue responsable de introducir grandes cantidades de heroína de México hacia Estados Unidos.

La FGR informó de que la entrega del individuo se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes estadounidenses designados para su traslado a ese país.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, los estudiantes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Esta versión siempre fue cuestionada por los familiares de las víctimas y por el GIEI, que en los anteriores informes ya señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero.

El Gobierno de López Obrador reabrió el caso a finales de 2018 y anuló definitivamente esta versión oficial al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020, y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la Barranca de la Carnicería, fuera del basurero.

Estas dos identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.

Reportes pasados del GIEI y otras instituciones, así como algunos testigos, ya habían señalado en el pasado la participación de las Fuerzas Armadas en el caso, pero el nuevo informe reveló más vínculos con el suceso.