A diez años de la entrada en vigor de la ley para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas es momento contar con una nueva legislación y reconocer que las agresiones contra estas personas permanecen impunes en más del 90 % de los casos, indicó este lunes la Secretaría de Gobernación (Interior) de México.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la dependencia, Alejandro Encinas, subrayó se pondrá especial énfasis “en la definición de las competencias porque en muchos de los casos son las propias autoridades las causantes de las agresiones”.

Durante el primer diálogo regional para generar una iniciativa de Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas llevado a cabo en Ciudad de México, Encinas dijo que la reforma busca crear un Sistema Nacional de Protección de defensores de derechos humanos y periodistas que ponga énfasis en la prevención;

“Actualmente el sistema federal que tenemos ha permitido que las autoridades locales se desentiendan de sus responsabilidades, por lo que en aquellos casos en que incurra responsabilidad de cualquier autoridad, el sistema nacional tenga las funciones y las facultades para iniciar acciones penales contra quienes violen la ley y agravien estos derechos”, declaró Encinas.

Recordó que la impunidad prevalece sobre estos hechos “debido a que más del 90 % de las agresiones y homicidios contra estas personas no son sancionados”.

Encinas señaló que a 10 años de que se aprobó esta ley general, “es momento de hacer una reflexión para encarar un fenómeno delictivo” que, lamentablemente y a pesar de las acciones que el Estado mexicano emprendió, “no ha logrado revertirse”.

Precisó que esa discusión tiene que ser “abierta y libre”, un ejercicio de consulta en la que participen los beneficiarios del programa, entidades, colectivos, y organizaciones de periodistas y de derechos humanos.