La mexicana Sandra Castañeda soñaba con regresar a su casa en Los Ángeles después de que su condena por un asesinato fue anulada por una corte, pero la ilusión se desvaneció cuando la detuvieron para deportarla como parte de las prioridades de EE.UU. de expulsar a migrantes considerados criminales.

La inmigrante tiene ya 20 años tras las rejas: Más de 19 de ellos en California por manejar un automóvil desde donde se desató un tiroteo que dejó un muerto cuando estaba llevando a unos amigos a comprar comida, y el resto en un centro de detención migratorio de Georgia.

“Sandra es una persona increíblemente resistente y fuerte. Pero la detención por parte de inmigración realmente afecta a las personas, y obviamente, eso le ha costado mucho”, explicó a Efe su abogado, Anoop Prasad.

La mexicana “no estuvo involucrada en el tiroteo, no tocó un arma, y no tenía idea de que el amigo iba a disparar”, asegura Prasad, de la organización Immigrant Rights at the Asian Law Caucus.

En 2021 una jueza de California anuló la condena contra Castañeda en base a una nueva ley estatal que eliminó ciertos cargos agravados de asesinato a personas que no son responsables directas de muertes.

La inmigrante ya había logrado que en 2020 el gobernador Gavin Newsom conmutara su sentencia.

UNA ALIANZA CRITICADA

Pero cuando Castañeda creía que regresaría a la libertad, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la detuvieron para deportarla a México al considerarla una “criminal”, explica Prasad.

“ICE ha tomado una posición en este caso, y otros casos similares, de que no están obligados a reconocer las leyes estatales y las órdenes estatales que anulan las antiguas convicciones, todavía la tratan como si hubiera sido condenada por asesinato”, ahonda el abogado.

La mexicana, que llegó a Estados Unidos como residente permanente cuando sólo era una niña, terminó en manos de ICE gracias a la polémica colaboración del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) con esta agencia.

Castañeda no ha sido la única inmigrante trasladada a ICE bajo esta práctica en el Estado Dorado.

En octubre de 2020, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus presentaron varias acciones legales por daños y perjuicios en nombre de cuatro reos que tras cumplir sus condenas habían sido trasladados a las autoridades de inmigración en plena pandemia, entre ellos el ciudadano estadounidense Brian Bukle.

OÍDOS SORDOS

El inmigrante Kao Saelee también fue entregado a ICE a pesar de ayudar a apagar poderosos incendios en California como parte del programa que permite a los reos prestar servicios como bomberos por no representar un riesgo para la comunidad.

La detención de Saelee, oriundo de Laos, originó una oleada de apoyos , que incluyó casi 200.000 firmas y el respaldo de docenas de legisladores de California, como también la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y más de 130 organizaciones que instaron al gobernador Newsom a perdonarlo y poner fin a la dolorosa práctica de transferir a ICE a miembros de la comunidad que cumplieron sus condenas, se rehabilitaron o se anularon sus sentencias.

Aunque ICE liberó a Saelee bajo fianza en 2021, la agencia mantiene las detenciones de personas con sentencias anuladas.

Castañeda ya casi completa 10 meses tras las rejas. El calvario ahora es aún más pesado porque fue enviada a un centro de detención de ICE en Lumpkin (Georgia), alejada de su familia que vive en Los Ángeles.

ICE tampoco ha autorizado una fianza porque la considera “un riesgo”, algo que su abogado debate ya que los mismos funcionarios de CDCR concluyeron lo contrario.

Prasad asegura que la estrategia de ICE en estos casos “tiene que ver con castigar a los inmigrantes y tratar de obligarlos a rendirse y no pelear”.

LOS LLAMADOS A LA CASA BLANCA

Desde California y otras partes del país, los defensores de los inmigrantes están presionando a la Administración del presidente Joe Biden para detener las deportaciones de migrantes con condenas desestimadas o antecedentes penales antiguos.

“Realmente necesitamos que la Administración Biden deje de luchar contra los estados para abordar la reforma de la justicia penal y, en cambio, trabaje con ellos” señaló Prasad.

En ese sentido, Christine Newman-Ortiz, directora ejecutiva de la organización Voces de la Frontera en Wisconsin, dijo a Efe que los esfuerzos también se enfocan en que se termine con los acuerdos 287g que permiten la colaboración entre ICE y las autoridades locales.

“Esta alianza está haciendo mucho daño a los migrantes, cosas tan simples como una infracción de tráfico puede originar una deportación”, advirtió.

En el caso de California, Prasad recordó que CDCR no tiene un acuerdo 287g, pero a pesar de esto “llaman repetidamente a ICE para informar sobre los migrantes que saldrán en libertad”.

El grupo pidió la ayuda del gobernador Newsom y espera que ICE reconozca el fallo que exonera a Castañeda y la libere, mientras presionan a través de la campaña #FreeSandra con el apoyo de la comunidad.