José Alberto Baños Vázquez fue señalado por fabricar pruebas, causar lesiones y realizar tocamientos indebidos a menores

Zimapán, Hidalgo. — El médico José Alberto Baños Vázquez, acusado de falsificar pruebas en un caso de presunta violación sexual infantil en Zimapán, continúa laborando como funcionario dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), lo que ha generado indignación entre familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos.

Una investigación periodística reveló que Baños Vázquez elaboró un dictamen médico forense sin fundamentos científicos para inculpar a cuatro personas, entre ellas los padres de las niñas, A.W.T.L. e I.T.L., y sus parejas. El informe fue desmentido por tres peritajes médicos independientes que descartaron lesiones ginecológicas o proctológicas en las menores.

Dictamen falso y pruebas manipuladas

El único diagnóstico que señalaba abuso sexual fue el emitido por Baños Vázquez el 23 de junio de 2022, días después de que los primeros estudios médicos descartaran cualquier evidencia. Las fotografías forenses anexadas por el mismo médico evidencian que no existían lesiones al momento de la revisión, y expertos han indicado que simuló una lesión aplicando presión indebida durante la exploración.

Además, el médico no utilizó guantes, lo que violó los protocolos médicos y expuso a las menores a procedimientos inadecuados y posiblemente traumáticos. Las víctimas estaban bajo el cuidado de su madre y su tía, Aylén Trejo Leal, al momento en que más adelante se detectaron lesiones de carácter temporal, lo cual también ha sido considerado como una nueva línea de investigación.

Corrupción y encubrimiento en la PGJEH

Según los reportes, la carpeta de investigación 12-2023-17981 contra Baños Vázquez fue reportada como “extraviada”, un hecho que los abogados consideran parte de un encubrimiento institucional. Pese a múltiples denuncias, el médico nunca ha sido llamado a comparecer, y sigue protegido por la PGJEH, incluso después de comprobarse su falta de acreditación como perito forense especializado.

Los abogados del padre de las víctimas, Mario Alfredo Espinoza Bernardini, aseguraron que ni el Colegio de Médicos Forenses ni las autoridades sanitarias reconocen a Baños Vázquez como perito certificado, lo cual invalida sus informes y evidencia la negligencia de la PGJEH al permitirle continuar en funciones.

Señalamientos directos y omisión judicial

Espinoza Bernardini denunció que fue manipulado emocionalmente para financiar el falso dictamen, entregando $18,000 pesos por el estudio. Afirmó que su hermana fue testigo de cómo las niñas fueron llevadas a una ubicación irregular, sin condiciones clínicas ni legales, donde se realizó el supuesto examen médico.

El caso también involucra a la exdiputada Carmen Lozano, señalada por su presunta intervención en la contratación del médico, y pone en duda la imparcialidad del sistema de justicia en Hidalgo.

Contexto del caso Zimapán

Los hechos se remontan a junio de 2022, cuando la ginecóloga Alma Virgen P. C. fue la primera en descartar signos de abuso. Le siguieron dos peritajes más que confirmaron la ausencia de lesiones. Sólo Baños Vázquez, con su informe manipulado, contradijo la evidencia clínica y generó una serie de procesos legales plagados de irregularidades, los cuales aún continúan sin resolverse de manera justa.

La fiscalía general de la República (FGR), a través de la perito María Guadalupe C. O., confirmó que no había pruebas de abuso hasta al menos seis días después de la denuncia inicial.