Miscelánea, salud y política. Por Judith Álamo López

El primer paso de un dictador moderno será hacer creer a sus víctimas que los derechos de que disfrutan son realmente privilegios: Joseph Goebbels El martes 5 de noviembre se decidieron mediante el voto asuntos fundamentales que mantenían en vilo al país y al mundo: la desaparición del Poder Judicial pone fin a México como República democrática, cuyo gobierno se basa en la división de tres poderes de la unión, régimen que teníamos antes de la reforma judicial; en tanto el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, no nos trae los mejores augurios.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la inconstitucionalidad de la Reforma al Poder Judicial por lo que la elección de jueces, magistrados y ministros ¡Va!, para regocijo de los morenistas en el poder, pero el gozo duró poco, ante el triunfo arrásate de Donald Trump, seguramente este le quitó el sueño cuando menos a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hay cuando menos un contrasentido entre las demandas del próximo inquilino de la Casa Blanca hacia nuestro país al exigir mayor combate del crimen organizado y frenar la producción de fentanilo como la droga más letal para los estadunidenses. Mientras que el gobierno mexicano establece una nueva estrategia de seguridad para frenar la delincuencia, la cual se aplica de manera escalonada, no exenta hasta ahora de más crímenes cometidos por elementos de la Guardia Nacional.

Sin embargo, la prioridad política y financiera del segundo piso de la 4T es consolidar las reformas del Plan “C” de López Obrador, qué incluye un experimento mundial: la elección de jueces, magistrados y ministros. Para la mandataria Sheinbaum que se desechara el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en la SCJN “fue un triunfo del pueblo de México, ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad”.

Ignora el daño ocasionado a los trabajadores judiciales con tal resolución, ya que la propuesta del ministro González proponía rescatarlos del despido laboral y aprovechar su expertis. Ellos lloraron esta derrota y condenaron la traición del juez Alberto Pérez Dayán, quien votó en contra de invalidar parcialmente la reforma judicial. Sus razones tendrían, señalan quienes creen se le aplicó el convencimiento de Los Yunes.

Tal parece que siempre habrá un Judas. Y queda para los anales de la historia la ejemplar postura de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña Hernández y la de los ministros Margarita Ríos Farjat, José María Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar y del autor de la propuesta Juan Luis González Alcántara Carrancá que votaron a favor de la inconstitucionalidad parcial de la reforma judicial.

La tríada de ministras (Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loreta Ortiz), como siempre, antepusieron sus intereses partidistas a la vocación de juristas obligadas por su investidura a la autonomía en los juicios que emiten. Sin duda, ante las presiones que vienen en materia de seguridad, migrantes y la necesidad de dar certidumbre jurídica a nuestros socios comerciales, se necesitarán a profesionales especializados en resolver controversias jurídicas, por lo que es muy mal momento para colapsar el sistema institucional que garantizaba una impartición de justicia imparcial, a cargo de profesionales del Poder Judicial.

Lo que se da por hecho es que Morena en las elecciones de los nuevos juzgadores, el 1 de junio de 2025, con el uso de su “mayoría” impondrá como candidatos a simpatizantes, afines y correligionarios; aplicando el criterio que los anima a consolidarse como el nuevo poder hegemónico, similar al que tuvo el PRI, en su momento. Con ese criterio y prepotencia, los legisladores oficialistas se dieron la supremacía constitucional para sus mayorías en el Congreso y eligieron –en el colmo de la impudicia– a los miembros del Comité de Evaluación del Congreso: cinco proclives o de plano morenistas, serán quienes seleccionen a los candidatos a jueces, magistrados y ministros.

Para agravar las consecuencias de esta elección, hay temores fundados en que la delincuencia organizada participará impulsando a sus candidatos. No es asunto baladí, ya que hasta ahora la autoridad gubernamental no ha podido o no ha querido impedir la expansión del control criminal en territorio nacional.

En cifras duras, en el último sexenio aumentaron los homicidios de candidatos y autoridades electas, especialmente en los procesos electorales, pero también los asesinatos de alcaldes y funcionarios estatales por parte de grupos criminales organizados que eliminan a quienes tratan de proteger a los habitantes bajo su jurisdicción del hostigamiento, las extorsiones, el despojo y las amenazas de bandas delincuenciales.

Mientras los líderes de las principales naciones del mundo se apresuran a felicitar a Donald Trump por su triunfo electoral, la presidenta Sheinbaum dijo que lo hará cuando termine el conteo, y, confiada, aseguró que “no hay motivos de preocupación”.

 Ojalá tal parsimonia no sea la que guíe el trabajo de los equipos negociadores en la Cancillería, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación y todas aquellas dependencias y entidades involucradas en la agenda bilateral.

Trump ha sido muy agresivo en contra de México, especialmente al insistir en referirse a las bandas criminales que son un riesgo para la seguridad de su país, que producen y exportan fentanilo a los estadounidenses –droga que es un gran un problema de salud pública en esa nación provocando alta mortalidad–, ha llegado a decir que buscará cómo acabar con ellas; e insiste en que se impondrán aranceles para que México frene la importación de autos chinos, entre otras amenazas comerciales.

Acá aparentemente hay oídos sordos, la intención del MORENA es continuar la construcción de un sistema autocrático, destruyendo el de pesos y contrapesos de nuestra democracia y, consecuentemente el gobierno anuncia la inminente eliminación de los organismos autónomos y reguladores, parece no inquietarles que en cualquier momento se exija una revisión del T-MEC y  México no pueda demostrar el cumplimiento de las reglas que aceptó al celebrar el convenio trinacional, y entonces no podríamos sortear las terribles consecuencias. Hay incertidumbre aquí y allá.

Ambos mandatarios, la nuestra y el de EU, tratan de responder a las exigencias de sus votantes y de sus grupos políticos. Ambos tienen proyectos de desarrollo diferentes. Vienen, sin duda, tiempos complejos, donde la asimetría nos coloca en el lado de los débiles, habrá que ser astutos y prever las negociaciones, buscar el diálogo para resolver diferendos. La adversidad puede ser una realidad que nos lleve a evaluar la necesidad de consolidarnos como una nación democrática, plural y unida, en la que se encuentre la forma de restaurar el estado de derecho y el orden jurídico que nos permita ser una nación confiable en el concierto internacional.